La decisión busca esclarecer el origen del lote que generó intoxicaciones y reforzar el control sanitario.
El Ministerio de Salud de la Nación fue aceptado como querellante en la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado en Argentina, un caso que encendió las alarmas del sistema sanitario y provocó múltiples intoxicaciones. La medida le permitirá al Estado participar activamente en el proceso judicial para impulsar las investigaciones y aportar pruebas.
Según se informó oficialmente, la decisión tiene como objetivo “proteger el interés público en materia de salud y colaborar con la justicia para determinar responsabilidades”. Desde la cartera que conduce Mario Russo explicaron que también buscan avanzar en un esquema más riguroso de trazabilidad y control sobre este tipo de medicamentos.
El caso generó fuerte preocupación en el ámbito médico y entre la población, luego de que se detectaran varios episodios graves vinculados a la utilización de fentanilo, un opioide sintético de altísima potencia, cuyos lotes presentaban irregularidades. Las intoxicaciones derivaron en hospitalizaciones y motivaron un alerta epidemiológico.
Por su parte, fuentes judiciales indicaron que la incorporación del Ministerio como querellante permitirá agilizar la recolección de información sanitaria clave, además de reforzar la coordinación entre las fiscalías, las fuerzas de seguridad y las autoridades de salud para seguir la pista del origen de los productos adulterados.
Desde distintos sectores profesionales celebraron la iniciativa y remarcaron la importancia de que el Estado tenga un rol activo en causas que comprometen directamente la salud pública. También reclamaron avanzar en normativas más estrictas que regulen la cadena de distribución de este tipo de medicamentos.
Mientras tanto, la causa judicial continúa su curso con allanamientos y recolección de documentación en droguerías y farmacias, en un intento por reconstruir el recorrido del fentanilo contaminado. El Ministerio de Salud insistió en que seguirá trabajando para “garantizar la seguridad de la población y evitar nuevos episodios”.
