Se habilitó el procedimiento para vender el 90% de las acciones de la empresa estatal de agua y saneamiento. El proceso estará a cargo del Ministerio de Economía.
El Gobierno nacional oficializó este martes el inicio del procedimiento para privatizar AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.), la empresa estatal encargada de prestar servicios de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La medida fue dispuesta a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial.
Según lo informado, el proceso de privatización contempla la venta de hasta el 90% del paquete accionario de la compañía. El Ministerio de Economía, en conjunto con el Comité de Privatizaciones, será el encargado de definir los pliegos, evaluar ofertas y establecer las condiciones de venta.
Desde el Poder Ejecutivo argumentaron que la decisión responde a la necesidad de “reducir el déficit fiscal, mejorar la eficiencia de los servicios públicos y atraer inversión privada para modernizar la infraestructura”. La iniciativa se enmarca dentro de un programa más amplio de desregulación y achicamiento del Estado.
AySA, una de las mayores empresas del sector en América Latina, presta servicio a más de 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. Su privatización total había sido descartada en gobiernos anteriores, pero ahora forma parte de los activos que la actual gestión busca transferir al sector privado.
El anuncio generó diversas reacciones en el arco político y sindical. Algunos sectores de la oposición y gremios ligados a los servicios públicos advirtieron sobre el posible impacto en las tarifas y el acceso al agua en zonas vulnerables. Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la medida como un paso hacia un “Estado más eficiente”.
Por el momento, no se informó una fecha concreta para la licitación, aunque se espera que los primeros avances se conozcan en las próximas semanas. El Gobierno anticipó que buscará garantizar la continuidad del servicio durante la transición, con un esquema regulatorio aún en evaluación.
