Organizaciones sociales y familiares marchan para reclamar la restitución de la norma vetada por el Gobierno, que garantizaba asistencia integral a personas con discapacidad.
Diversas organizaciones sociales, colectivos de personas con discapacidad y familiares convocaron a una movilización este martes para manifestarse contra el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. La concentración se llevará a cabo frente al Congreso Nacional, con el objetivo de visibilizar las consecuencias que la medida tiene sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
La ley vetada por el Ejecutivo había sido aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras y establecía un marco de emergencia para garantizar la cobertura de prestaciones, la continuidad de tratamientos y el financiamiento de servicios esenciales para personas con discapacidad. Además, buscaba reforzar la protección laboral y los derechos adquiridos frente al ajuste presupuestario.
Desde las organizaciones denunciaron que el veto implica un retroceso en materia de inclusión y representa un golpe directo a miles de familias que dependen del apoyo estatal para sostener tratamientos médicos, educativos y terapéuticos. “No es un gasto, es un derecho”, señalaron en el comunicado de convocatoria.
La medida del Gobierno fue justificada en razones fiscales y en la supuesta duplicación de programas ya vigentes, aunque especialistas y actores del sector aseguran que la realidad demuestra lo contrario: una caída en la calidad y cantidad de servicios ofrecidos, así como demoras en los pagos a prestadores.
La marcha será acompañada por profesionales de la salud, trabajadores del área de discapacidad y referentes de derechos humanos, quienes exigirán al Congreso que insista con la aprobación de la ley pese al veto presidencial. También se prevé la presentación de un petitorio formal para reclamar soluciones urgentes.
El debate sobre la emergencia en discapacidad se suma a otros conflictos generados en torno a la agenda social del Gobierno, y reaviva la discusión sobre el rol del Estado en la protección de sectores históricamente postergados.
