Camilo Cordero Fabbri dejó su cargo en la Oficina Anticorrupción tras conocerse que ejercía la defensa de Calvete, condenado por explotación sexual y acusado de integrar una presunta red de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.
La Oficina Anticorrupción (OA) volvió a quedar bajo escrutinio público luego de la renuncia de Camilo Cordero Fabbri, coordinador del área de Admisión y Derivación de Denuncias. El funcionario presentó su dimisión después de que se revelara que, en paralelo a su labor dentro del organismo encargado de recibir denuncias por corrupción, actuaba como abogado defensor de Miguel Ángel Calvete, uno de los principales implicados en la causa que investiga supuestas maniobras fraudulentas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Cordero Fabbri representaba a Calvete en un expediente que terminó con una condena de cuatro años de prisión por explotación de la prostitución ajena, antecedente que ya había complicado su situación judicial antes de la investigación por presuntas coimas. La incompatibilidad ética entre su rol público y su actividad como defensor privado generó un fuerte cuestionamiento interno, lo que finalmente motivó su salida.
En paralelo, la causa ANDIS avanza con nuevas medidas. El fiscal federal Franco Picardi acusa a Calvete, al exdirector del organismo Diego Spagnuolo y a otros 14 exfuncionarios de integrar una presunta organización destinada a direccionar contrataciones relacionadas con las Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI). Estas prestaciones incluyen cirugías complejas que se realizan una sola vez, tratamientos prolongados y medicamentos biológicos utilizados para enfermedades poco frecuentes, todos insumos que implican costos elevados y fuerte control estatal.
La investigación apunta a determinar si existió un esquema que manipulaba licitaciones y compras con el fin de favorecer a determinados proveedores. En ese contexto, la renuncia de Cordero Fabbri reavivó el debate sobre la transparencia y los controles dentro de la propia Oficina Anticorrupción, en un momento en el que el organismo intenta reafirmar su rol como garante de integridad en el Estado.
El caso sigue en pleno desarrollo y se esperan nuevas medidas judiciales en los próximos días, mientras tanto persiste el impacto político y judicial por la salida del funcionario.
