Romero integra la agrupación de magistrados Compromiso Judicial, cercana al macrismo. La mayor objeción es que es socia activa de Boca y llegó a ese status sin haber sido socia adherente.
El día después de la histórica marcha en protesta por la suspensión de las elecciones en Boca, con Juan Román Riquelme a la cabeza, la jueza Alejandra Abrevaya, a cargo del Juzgado N° 11 Civil de la Nación, aceptó la recusación de la dirigencia del club y se apartó de la causa que investiga una denuncia por irregularidades en el padrón por la incorrecta inclusión de 13.364 socios. Este lunes quedó definido su reemplazo: la jueza Analía Victoria Romero, socia activa número 196.379, y ya hay polémica.
El motivo de la recusación de Abrevaya fue que, en su fallo suspendiendo las elecciones en Boca Juniors, usó dos testimonios de personas cuyos nombres escondió en la resolución y cuyas declaraciones no están en el expediente. Una maniobra grotesca. El viernes, tras la presentación del apoderado de Boca, Walter Krieger, la jueza notificó los nombres de los testigos, pero siguió escondiendo las declaraciones.
A partir de decisión de la jueza de dejar la causa, fue sorteada la jueza Romero para hacerse cargo de la causa de la denuncia por supuestas irregularidades en el padrón. Ahora deberá aceptar la designación y luego definir si mantiene o no la medida cautelar que suspendió las elecciones.
Romero, que figura en el padrón y se encuentra en condiciones de votar en la mesa 219, la acusaron en las redes sociales de haber pasado a la categoría activo sin antes haber sido adherente. Y también señalaron que tiene el cargo de jueza desde 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri, lo cual sería un vínculo claro con la oposición que justamente presentó la denuncia que derivó en la suspensión de los comicios.
En la ofensiva para volver a quedarse con Boca, el macrismo tiene un listado de estrategias. Eso incluye intervenir el club, una supuesta depuración de los padrones, pero lo prioritario es postergar las elecciones. Lo que busca es que se vote con el nuevo gobierno y con alguien afín en la Inspección General de Justicia (IGJ), de manera de mover la estantería si la diferencia es chica.
