La ministra de Seguridad enunció una serie de medidas para reprimir la protesta social.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este jueves «un protocolo para el mantenimiento del orden público» con el fin de asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes o bloqueos, lo cual derivó en el repudio de agrupaciones sociales y dirigentes políticos que consideraron a la medida como «inconstitucional» y una «amenaza» ante una posible conflictividad social tras las medidas del Gobierno.
Bullrich anunció que «las cuatro fuerzas federales» podrán intervenir «si hay un delito flagrante» durante las manifestaciones en la vía pública. «La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple», dijo Bullrich durante una presentación ante la prensa en la sede de la cartera de Seguridad, en Gelly y Obes 2289, en el barrio porteño de Recoleta.
El protocolo consiguió unir en un discurso crítico a los piqueteros de izquierda y a los que hasta ahora formaban parte del oficialismo, que están bajo el paraguas de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Los espacios se reorganizan y buscan consenso con la CGT para enfrentar las políticas “antiderechos y de ajuste criminal” de La Libertad Avanza. A diferencia de la Unidad Piquetera que desafiaron con una movilización a Plaza de Mayo el 20 de diciembre en protesta por los anuncios realizados el martes por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, los dirigentes de la UTEP por ahora decidieron no marchar contra el gobierno de Javier Milei. “Están amputado la democracia”, sostuvieron desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
La Unidad Piquetera ratificó la marcha del 20 de diciembre a Plaza de Mayo. Será una prueba de fuego para la nueva administración y para Bullrich en particular. Dependerá también del buen proceder policial y de las órdenes precisas que reciban.
