La medida se tomó «en el marco de reestructuración que se está llevando adelante en función del reordenamiento de sus competencias y del redireccionamiento de las políticas sanitarias».
La noticia de las últimas semanas de un eventual cierre o transformación del prestigioso Instituto Nacional del Cáncer (INC) preocupó no solo a pacientes oncológicos y familiares, sino a la opinión pública en general, que finalmente quedó atrapada entre información cruzada sobre un tema tan sensible.
Desde el área aseguraron que la medida forma parte de una reestructuración por duplicidad de tareas en el Estado y que «no afectará la continuidad de ningún programa», sostuvieron.
Salud informó este jueves a través de un comunicado que existían «programas y estructuras duplicadas» y que, luego de hacer un relevamiento en el Instituto, detectaron problemas logísticos, medicamentos que se entregaban muy cerca de su fecha de vencimiento y compras «ineficientes».
El cierre del INC se da en medio de recortes y reestructuraciones en el área de salud, luego de que la cartera de Lugones decidiera no renovar 1.400 contratos del sector y con renuncias masivas de médicos de distintos programas nacionales que denuncian un ajuste y vaciamiento del gobierno.
Como antecedente inmediato de esta medida, el gobierno viene de desmantelar el Programa de Cuidados Paliativos del Instituto, con la suspensión de la compra de opioides necesarios para el tratamiento del cáncer en etapa terminal y otras enfermedades.
El comunicado apunta a otros motivos para la «absorción». Afirma que se detectaron compras de medicamentos que no se ajustaban a los cambios en la demanda, y apunta a una en particular, del año 2023, en el que se adquirieron opioides “sin criterio de cantidad o precio”. Los medicamentos se terminaron venciendo y, de acuerdo a la cartera que maneja Lugones, hubo que descartar «400.000 unidades de morfina vencida por una mala planificación».
Desde el Ministerio de Salud recalcaron que la medida no afectará la continuidad de ninguno de los programas que garantizaba el Instituto Nacional del Cáncer y que se trata únicamente de un «cambio administrativo» que busca corregir problemas, optimizar procesos de compra y «mejorar la calidad de la atención al paciente oncológico».