Las autoridades denunciantes afirman que tienen el objetivo de preservar la estabilidad de los servicios esenciales y proteger los derechos de los ciudadanos.

En la jornada del miércoles, el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), por presuntas amenazas extorsivas.

La denuncia surge a raíz de las declaraciones públicas de Biró en relación con el conflicto por la decisión del Gobierno de declarar el transporte aéreo como un «servicio esencial». Desde el ministerio se considera que los dichos del gremialista, quien expresó que «esto se va a poner mucho peor», podrían constituir delitos y representar posibles «males futuros» que afectarían a Aerolíneas Argentinas.

El Ministerio sostiene que las acciones del líder sindical podrían exceder los límites del derecho constitucional de huelga, al tratarse de un sector esencial como el transporte aéreo. La presentación judicial resalta la importancia de garantizar que cualquier interrupción en este servicio sea razonable y no ponga en riesgo la seguridad pública.

El Gobierno argumenta que la denuncia busca preservar la estabilidad de los servicios esenciales y proteger los derechos de los ciudadanos, advirtiendo que cualquier huelga que afecte un servicio público sin agotar instancias previas podría ser catalogada como «huelga salvaje», lo cual la excluiría del amparo constitucional. El comunicado del Ministerio de Seguridad insta a la Justicia a tomar las medidas necesarias ante «la gravedad de las amenazas» hechas por Biró.

La denuncia se presentó luego de que Guillermo Francos, jefe de Gabinete, afirmara en una entrevista radial que el Ejecutivo «no va a permitir que se imponga la voluntad de Pablo Biró».

Por su parte, los gremios aeronáuticos manifestaron su rechazo a la declaración del servicio aéreo como esencial y a la decisión del Gobierno de apartar a Biró del directorio de Aerolíneas Argentinas. También denunciaron que se busca «alterar el funcionamiento interno» de la empresa estatal y afectando los derechos de los accionistas privados.