Los rectores de las universidades públicas de todo el país expresaron que la situación «es grave y que necesita urgente respuesta por partes de los poderes del Estado nacional».

Rectores de universidades públicas de todo el país convocaron a una marcha para el próximo 23 de abril en defensa de la educación y el sistema universitario.

La decisión de convocar a la manifestación la tomaron las autoridades tras reunirse en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en el 91.º Plenario de Rectoras y Rectoras del Consejo Interuniversitario Nacional.

«Queremos manifestar con claridad que la situación económica financiera que atraviesa el sistema universitario público es grave y que necesita urgente respuesta por partes de los poderes del Estado nacional. Las universidades nacionales hemos dialogado con distintos representantes de Poder Ejecutivo en estos primeros cien días de gobierno y planteamos en detalle la compleja situación del sistema», indicaron en un comunicado los representantes de las 73 universidades públicas integrantes del CIN.

Y agregaron: «Hemos aprobado una declaración en febrero en la que expresábamos nuestra preocupación por la falta de acuerdos paritarias en desmedro del poder adquisitivo de nuestros trabajadores, por el deterioro del sistema científico, tecnológico y de innovación; las suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución; la abrumadora falta de actualización de los gastos de funcionamiento y la no renovación del los sistemas nacionales de becas. Con solo nombrar esas dificultades que afrontamos podemos sintetizar la profundidad de la crisis. A ello sumamos nuestra preocupación por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)».

En el comunicado remarcan que la sociedad argentina tiene una alta valoración de sus universidades públicas a lo largo y a lo ancho del país, «no solo por su tarea de formación de hombres, mujeres, diversidades y personas con discapacidad integras con alta capacidad profesional, sino también por su tarea en la construcción del conocimiento, por la transferencia al mundo de la producción y del trabajo, a la sociedad en general, por las tareas de extensión y la solidaridad con los sectores más postergados».

Desde el CIN también instaron a que defender el derecho de las y los jóvenes de acceder a la educación pública superior de excelencia, no arancelada y con ingreso libre, y reclamaron que «cualquier acuerdo que se promueva a nivel nacional priorice como central la cuestión educativa».