El presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular del Banco Central Santiago Bausilli fueron denunciados penalmente por “atentar contra la soberanía nacional”. La presentación judicial los acusa de haber delegado ilegalmente la política cambiaria a Estados Unidos, lo que habría permitido la intervención del Tesoro norteamericano en el mercado cambiario argentino.
El presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular del Banco Central Santiago Bausilli fueron denunciados ante la Justicia federal por supuestos delitos contra la soberanía nacional. Según la presentación, los funcionarios habrían delegado de hecho la política cambiaria argentina en Estados Unidos, lo que habría facilitado la intervención directa del Tesoro norteamericano en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
La denuncia, impulsada por el economista Claudio Lozano junto a abogados y organizaciones sociales, recayó en el Juzgado Federal N.º 12, actualmente subrogado por el juez Julián Ercolini. En el texto se afirma que Milei “negoció con Donald Trump esa delegación” y que instruyó a Caputo para coordinar la implementación con el empresario y financista Scott Bessent, mientras el Banco Central habría permitido la continuidad de esa injerencia externa.
De acuerdo con el documento judicial, la intervención estadounidense se habría ejecutado a través de entidades financieras como Santander, Citi y J.P. Morgan, mediante operaciones de compra de pesos argentinos destinadas a influir en la cotización del dólar. Los denunciantes aseguran que estas maniobras incluyeron exigencias sobre acuerdos comerciales y facilidades de inversión en sectores estratégicos como energía y minería.
Entre los delitos señalados figuran Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública, Infidelidad Diplomática, Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos, Fraude en perjuicio de la Administración Pública y Agiotaje Financiero.
La presentación concluye que esta supuesta delegación “ha transferido el poder de definir el valor del peso y la competitividad económica nacional a una potencia extranjera, en detrimento del interés y la soberanía de la Argentina”.
