Una investigación periodística reveló que el Gobierno estaría utilizando recursos secretos para realizar tareas de inteligencia sobre dirigentes opositores, sindicalistas, organizaciones sociales y comunicadores.

Un nuevo escándalo sacude al oficialismo tras conocerse una serie de denuncias por presunto espionaje ilegal desde organismos de inteligencia del Estado. Según trascendió, se habrían elaborado informes sobre referentes políticos de la oposición, periodistas críticos y miembros de organizaciones gremiales y de jubilados.

Las tareas de seguimiento incluirían monitoreos de redes sociales, escuchas y elaboración de perfiles internos, todo financiado a través de partidas presupuestarias clasificadas como “fondos reservados”. Los documentos, de carácter confidencial, habrían sido elaborados por una unidad operativa dependiente directamente del Ejecutivo.

Entre los señalados como blanco del presunto espionaje figuran legisladores nacionales, dirigentes sindicales, referentes de derechos humanos y al menos una decena de periodistas que cuestionaron públicamente al Gobierno. Las denuncias apuntan a un uso político de los servicios de inteligencia, algo expresamente prohibido por las leyes argentinas.

Desde la oposición reclamaron explicaciones urgentes y exigieron la intervención del Congreso y la Justicia para investigar los hechos. Algunos bloques parlamentarios ya anticiparon que impulsarán una comisión investigadora para determinar responsabilidades y el alcance de la maniobra.

Por su parte, desde el oficialismo no hubo respuestas formales, aunque fuentes extraoficiales intentaron minimizar el contenido de los reportes y negaron que se haya realizado espionaje ilegal. Sin embargo, el episodio reavivó el debate sobre los controles institucionales y el uso discrecional de los recursos reservados del Estado.

El caso recuerda a otros escándalos similares que marcaron la historia reciente del país y vuelve a poner en discusión el rol de los organismos de inteligencia y la necesidad de una mayor transparencia y control civil sobre sus funciones.