El fiscal a cargo del caso solicitó investigar a la pareja de la cantante, Leandro Esteban García Gómez, tras la denuncia de su madre y los antecedentes de violencia. Aunque Lourdes Fernández apareció en un video, los investigadores insisten en verla personalmente para confirmar que está bien.

El video que la cantante Lourdes Fernández publicó para despejar dudas sobre su supuesta desaparición no alcanzó para calmar a los investigadores: la fiscalía insiste en constatar su presencia cara a cara y, mientras tanto, solicitó abrir una causa contra su pareja, Leandro Esteban García Gómez, por posible vinculación con hechos de violencia de género.

La investigación se inició después de que la madre de Lourdes denunciara ante la justicia que desde el 4 de octubre desconocía el paradero y el estado de salud de su hija, y expresara temor por su integridad física, psíquica y emocional. En el expediente consta que Lourdes habría mantenido en los últimos años una relación conflictiva con García Gómez: ya existen antecedentes judiciales contra él por episodios de violencia, entre ellos una denuncia por lesiones leves presentada en 2022.

A raíz de esas denuncias, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28 elevó un requerimiento al Juzgado N°13 —a cargo de Diego Slputski— solicitando que se investigue a García Gómez por averiguación de delito. La causa pasó luego a la fiscalía N°43, que ratificó la petición. Entre las medidas solicitadas figuran la instrucción del sumario contra el acusado, la toma de declaraciones testimoniales al entorno profesional y personal de Lourdes (productor, representante y compañeras del grupo) y la obtención de las actuaciones previas por violencia de género en las que él aparece como imputado.

Los investigadores intentaron localizar a Lourdes en el departamento vinculado a García Gómez, en Palermo, donde el hombre abrió la puerta a la Policía de la Ciudad para permitir una revisión; sin embargo, la cantante no estaba en el domicilio. Circularon versiones —sin confirmación— sobre un supuesto acceso a la terraza del edificio, y la fiscalía pidió medidas urgentes para esclarecer esos rumores y el paradero real de la artista.

El relato de la madre, recogido en la denuncia, aporta datos que generaron alarma: tras un período en que Lourdes mostraba signos de recuperación y había sido convocada a reincorporarse a Bandana, su entorno advirtió un retroceso. Según contó la progenitora, García Gómez habría ejercido un control creciente sobre las actividades, el teléfono y las redes de Lourdes, hasta limitar sus contactos con el grupo y su trabajo. El último encuentro entre madre e hija fue el 4 de octubre; la madre aseguró que la vio “nerviosa, con dolores y marcas visibles en el rostro y la cabeza”, y que Lourdes atribuyó esas lesiones a una supuesta caída de una escalera.

Además, fuentes cercanas relataron un episodio del 1 de octubre en el que la Policía acudió al domicilio tras una discusión fuerte —denunciada por vecinos— y García Gómez se retiró del lugar. En los días siguientes, la madre mantuvo comunicaciones breves y preocupantes con Lourdes —quien alegó estar “ensayando”— y amigas de la cantante reportaron audios en los que se percibía la voz de un hombre de fondo.

Tras la denuncia, los policías ingresaron al departamento y García Gómez mostró reticencia inicial a colaborar, pidiendo orden de allanamiento; finalmente permitió la entrada, pero la cantante no fue hallada. Más tarde apareció un video en el que Lourdes dice: “Chicos, me acabo de levantar… Estoy con gripe desde el lunes. Dios, no puedo creerlo. Esto es terrible”, pero los fiscales sostienen que esa grabación no reemplaza la necesidad de verla en persona para constatar su bienestar.

El fiscal a cargo solicitó al juez que se adopten todas las medidas probatorias necesarias: citaciones a declarar de testigos y allegados, remisión de las actuaciones previas por violencia doméstica, y, en caso de que existan indicios suficientes, la indagatoria de García Gómez. La investigación permanece abierta y las autoridades judiciales subrayan la prioridad de garantizar la protección de la víctima y determinar si existieron delitos previos o en curso.