Los trabajadores asistieron el predio de la ex ESMA y se encontraron imposibilitados de ingresar. Mientras se preparan las medidas gremiales, desde el gobierno proponen profundizar los recortes.

En una decisión que generó repudio generalizado, el Gobierno de Javier Milei confirmó el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), un sitio emblemático de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar. La medida fue anunciada a través de mensajes dirigidos a los trabajadores, quienes quedaron en “guardia pasiva” y en incertidumbre sobre su continuidad laboral.

Agentes de la Policía Federal fueron ubicados en el ingreso al edificio con un listado de nombres y apellidos de los trabajadores despedidos. A todos ellos, alrededor de medio centenar, se les prohibió entrar a sus puestos de labor.

Los trabajadores habían recibido el martes 31 de diciembre, poco después del mediodía, en sus teléfonos celulares el siguiente mensaje de WhatsApp: “El Secretario de Derechos Humanos (Alberto Baños) hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del día 2 de enero de 2025. Ello a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante, El personal queda EN GUARDIA PASIVA en sus respectivos domicilios, atentos a convocatorias que se cursaran por etapas a los fines aludidos. Muchas gracias”, fue el texto considerado oficial por los trabajadores y el gremio ATE.

“Se terminó la joda”, había dicho el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, con el tono burlón que caracteriza a La Libertad Avanza, cuando el vocero Manuel Adorni anunció 2400 despidos. Para Paula Donadío, delegada de ATE en la secretaría de Derechos Humanos, detrás de “la espectacularización de la noticia” no hay otra cosa que “2400 familias que pierden sus ingresos”. Los funcionarios aludían a contrataciones que se mantenían hace décadas a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). De los 87 del Conti, 50 están en esta modalidad.