En su primer año de gestión, el recorte de empleados permitió que el Estado ahorre 4.548 millones de dólares. La medida, criticada por los sindicatos, refleja la estrategia oficialista de reducir el gasto público y la estructura estatal.
El Gobierno de Javier Milei ha realizado una de las reformas más polémicas de su primer año en el poder, con la desvinculación de más de 41.000 empleados públicos, un recorte que representa una reducción del 8,2% de la plantilla estatal. Esta acción, promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tiene como objetivo principal la disminución del gasto público y la optimización de la administración del Estado.
Entre los sectores más afectados por los despidos se encuentran la Administración Centralizada y Descentralizada, con una reducción de 23.576 puestos; las empresas del Estado, con 13.161 desvinculaciones; y el personal militar y de seguridad, que sufrió la pérdida de 4.405 empleos. Según los cálculos oficiales, esta reestructuración del sector público permitirá un ahorro proyectado de 4.548 millones de dólares a largo plazo, lo que equivale a un ahorro mensual estimado de 349 millones de dólares.
El informe de Sturzenegger destaca que los contratos regidos por la Ley Marco fueron los que generaron el mayor ahorro, alcanzando los 2.074 millones de dólares. Además, se registraron reducciones significativas en los contratos permanentes y transitorios, que implicaron un ahorro de 1.708 millones de dólares. La eliminación de los contratos LOYS también contribuyó con un ahorro de 766 millones de dólares.
Si bien el gobierno defiende la medida como un paso hacia la eficiencia y el equilibrio fiscal, la decisión ha generado una fuerte resistencia por parte de los sindicatos, especialmente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El gremio ha convocado varias protestas, argumentando que los despidos y los recortes salariales están afectando gravemente a la clase trabajadora y al bienestar social. ATE ha exigido la reincorporación de los empleados cesanteados y anticipado nuevas movilizaciones en las próximas semanas.
La reducción del empleo público es una de las promesas clave de la administración de Milei, quien ha subrayado que continuará con el ajuste en 2025, con más recortes de personal y la eliminación de áreas que no consideren esenciales. De esta forma, el gobierno pretende mantener su enfoque en la austeridad y en la reestructuración del Estado, mientras enfrenta las críticas por los efectos sociales de sus políticas.