La medida fue anunciada hoy en el Boletín Oficial y apunta a «reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal».

El Gobierno profundiza el ajuste en la planta estatal. A través de la Resolución 3/24, instruyó este miércoles a los titulares de las entidades de la administración pública a intimar al personal que reúna las condiciones en el sistema previsional a iniciar los trámites jubilatorios.

«Instrúyase a los titulares de las entidades comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias a intimar, en un plazo no mayor a TREINTA (30) días hábiles desde la publicación de la presente resolución, al personal que reúna las condiciones establecidas en el artículo 19 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones N° 24.241 a iniciar los trámites administrativos a fin de ingresar al sistema previsional», dice el texto oficial en su artículo 1°.

En su artículo 19, la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones establece que estarán en condiciones de iniciar el trámite los hombres que hubieran cumplido 65 años y las mujeres que hubieran cumplido 60 años y acrediten 30 años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad. 

La medida es impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y alcanza a las entidades de la Administración Nacional y a los Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional. A su vez, recomienda aplicar la misma política a las Empresas y Sociedades del Estado.

Entre los argumentos, el texto oficial señaló que la Ley Bases «declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año». En su capítulo 1, la norma apunta a «mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, reduciendo el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas».

En otro punto clave, la Resolución permite a los titulares de las distintas entidades a solicitar la continuidad del personal de planta permanente considerado estratégico para el normal funcionamiento del área por seis meses.