La administración central se desligó de la responsabilidad directa y anunció que serán los gobiernos provinciales quienes deberán garantizar la atención.

El Gobierno nacional informó una modificación en el esquema de asistencia a personas en situación de calle, delegando esa responsabilidad a las provincias. La medida fue comunicada oficialmente y representa un cambio en la política social que hasta ahora incluía la intervención directa del Ministerio de Capital Humano a través de programas de contención.

Según indicaron desde la administración central, esta decisión busca “descentralizar funciones” y hacer más eficientes los recursos, considerando que los gobiernos provinciales y municipales son quienes tienen contacto más directo con la población afectada. A partir de ahora, la Nación no tendrá un rol operativo en la asistencia directa, aunque conservará facultades de supervisión general.

La medida generó preocupación en organizaciones sociales y referentes del ámbito humanitario, quienes advierten que muchas jurisdicciones no cuentan con infraestructura ni presupuesto suficiente para responder al incremento de personas sin techo, especialmente en el contexto actual de crisis económica y bajas temperaturas.

Desde distintos gobiernos provinciales hubo reacciones diversas: mientras algunas administraciones manifestaron estar preparadas para asumir la tarea, otras expresaron inquietud por la falta de recursos y de un plan de transición claro. En tanto, desde Nación aseguran que se garantizarán transferencias específicas para acompañar la medida, aunque sin precisiones aún sobre montos ni plazos.

Este cambio en el abordaje del problema pone nuevamente en el centro del debate la responsabilidad del Estado frente a las situaciones de vulnerabilidad extrema. Con el invierno en curso y una creciente demanda de contención social, los efectos de esta decisión comenzarán a sentirse en las próximas semanas en todo el país.