En dos proyectos, que se tratarían en simultáneo en la Cámara, el oficialismo presentó una versión acotada de la Ley Bases y Puntos de Partida.
El Gobierno finalmente envió el borrador de la Ley Bases, que incluye las facultades delegadas acotadas, recorta la cantidad de empresas a privatizar y agrega otras que serían de participación mixta, accionar sobre organismos descentralizados y fideicomisos, entre otras cuestiones. También, se envió el proyecto Fiscal que modifica la ley de Ganancias, Bienes Personales, e impuestos internos así como incluye un blanqueo hasta USD 100.000 sin penalidad y actualiza los montos del monotributo, entre otras modificaciones.
Dentro de la también llamada ley ómnibus, se declara emergencia solo en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. Dentro de las facultades que se le delegan al presidente se encuentran el mejoramiento del «funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas; y asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas».
En tanto, la reforma laboral, es menos ambiciosa que la incluída en el DNU 70/2023 que está frenado en la Justicia. Incluye cuestiones vinculadas al blanqueo y moratoria para aquellas empresas que regularicen la situación laboral de sus trabajadores. A su vez, promueve extinciones penales, condonación de deuda y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.
Además, la ley permite que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) sea invertido «de acuerdo con criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, respetando los lineamientos fijados por esta ley y las normas reglamentarias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley No. 26.425».
Los 279 artículos se ocupan en su mayoría con capítulos referidos a la desregulación económica, el nuevo Tribunal de Defensa de la Competencia y la Agencia de Mercados y Competencia.
