El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que «no se trata de una cuestión judicial, sino una definición de política pública» y dijo que la mercadería hallada en galpones está reservada «para emergencias o catástrofes».

Tras el hallazgo de más de 5 mil toneladas de alimentos retenidos por el Ministerio de Capital Humano, el Gobierno se resiste a su entrega y apelará la resolución de la Justicia que obliga al Ejecutivo a su redistribución. El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó que la mercadería está reservada «para emergencias o catástrofes».

«Siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir es que no utilicemos los instrumentos legales a nuestro alcance en cuestiones con las que no estemos de acuerdo como es este caso. Vamos a apelar la resolución porque consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial sino una definición de política pública, donde no se puede entrometer la Justicia«, planteó este lunes en conferencia de prensa Adorni.

«Estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes, pasa en el resto de los países del mundo. No hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura. Esto corre por dos caminos distintos: por uno van los alimentos que terminan en los comedores y sirven para asistir a los más vulnerables y por otro los alimentos con destino para otro fin», detalló.

«Vamos a presentarnos para mostrar que lo nuestro es un trabajo serio y que no hacemos populismo, por un lado tenemos la política de asistencia y por otro la mercadería para futuras catástrofes que esperamos que no ocurran jamás. Ningún alimento bajo nuestra custodia está en riesgo de vencerse«, insistió el portavoz.

Por su parte, desde el Ministerio de Capital Humano remarcaron que «de las 5 mil toneladas que se encuentran en los galpones, el 60%, más de 3 mil toneladas, corresponden a paquetes de yerba mate pertenecientes a una contratación irregular que realizó la gestión anterior y se encuentra bajo una auditoría. Esta yerba no solo se adquirió a través de procesos poco transparentes, sino que se trata de un producto de mala calidad».

«El pedido del juez es un avance ilegítimo de la justicia sobre la democracia que viola la división de poderes. No se van a entregar alimentos a comedores inexistentes para que queden en manos de las organizaciones extorsivas», sostuvieron.