El Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado con el que confirmó la medida y dejó en claro que se tomó por «respeto a la coherencia de la gestión de gobierno y de las lógicas y razonables consecuencias».

Luego de que el Gobierno anunciara daría de baja la pensión y la jubilación de privilegio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se supo en la Casa Rosada que también avanzaría contra otros ex funcionarios que están condenados por hechos de corrupción como el ex vicepresidente Amado Boudou.

Mediante un comunicado, la cartera comandada por Sandra Pettovello comunicó que la acción se fundamentó en «la confirmación de una condena penal que, mediante sentencia definitiva, agota la instancia judicial ordinaria, afectando el presupuesto legal que requiere este privilegio».

El documento difundido por la cartera subraya que «el hecho de haber sido encontrado culpable de un delito contra la administración pública en el ejercicio de su función pública tornaba inadmisible que pudiera seguir percibiendo, de modo directo o derivado, asignaciones de privilegio de las que resultaba beneficiario». En diciembre de 2020, la Corte Suprema confirmó la condena de Boudou a 5 años y 10 meses por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Por su desempeño como vicepresidente, percibía una pensión vitalicia de $6.309.622.

La Casa Rosada se respalda en la Ley 24.018, que establece los lineamientos para las pensiones de expresidentes y vices. En Balcarce 50 sostienen que van a hacer foco en el “mal desempeño”, que se detalla en los artículos 53, 59 y 60. Estos dan lugar a la remoción del cargo por juicio político.

El Ejecutivo invoca también el artículo 53 de la Constitución Nacional. “Que el mal desempeño expresa una regla legal de amplitud por la cual, la asignación, en tanto premio o retribución, resulta jurídicamente incompatible con una conducta deshonrosa, determinada con fuerza de verdad legal ante la comisión de delitos en ejercicio de la función pública”, agrega la medida.