Un juez civil de Bariloche dispuso un embargo preventivo sobre la dieta legislativa de la diputada de La Libertad Avanza por una demanda vinculada a la presunta falta de entrega de un terreno en Las Grutas.

Un magistrado del fuero civil de Bariloche ordenó el embargo preventivo del sueldo y del medio aguinaldo de la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, en el marco de una causa por daños y perjuicios relacionada con el supuesto incumplimiento en la entrega de un terreno en el balneario rionegrino de Las Grutas.

La resolución fue dictada por el juez Santiago Morán, titular de la Unidad Jurisdiccional Civil N°3, quien dispuso que la medida cautelar alcance a la dieta legislativa de la parlamentaria hasta cubrir la suma de 40,5 millones de pesos. Ese es el monto que reclama quien se presenta como comprador del lote en cuestión.

Según consta en el expediente, el demandante afirma haber adquirido el inmueble mediante un boleto de compraventa con firmas certificadas, sin haber accedido nunca a la posesión del terreno. En ese contexto, inició una acción principal por daños derivados del presunto incumplimiento contractual y reclamó, además, una compensación por el uso del lote. A pesar del embargo, la causa continuará su trámite en la Justicia provincial.

Al fundamentar su decisión, el juez consideró que en esta etapa inicial del proceso se encuentran reunidos los requisitos legales para dictar la cautelar, al evaluar como acreditada la verosimilitud del derecho invocado y el peligro que implicaría una eventual demora en la tramitación del juicio.

En el mismo pronunciamiento, Morán ordenó notificar a la Cámara de Diputados de la Nación para que se efectúen los descuentos correspondientes “hasta que las retenciones cubran íntegramente los montos indicados”. Los fondos deberán ser depositados en una cuenta judicial del Banco Patagonia, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento.

Hasta el momento, Villaverde no realizó declaraciones públicas tras conocerse la resolución judicial. En otras causas de características similares, la diputada sostuvo que los retrasos en la entrega de los lotes se vincularon con demoras derivadas de la pandemia y con la extensión de los plazos necesarios para completar la infraestructura comprometida.

La denuncia actual no es la única que enfrenta la legisladora por presuntas irregularidades en operaciones inmobiliarias. En los tribunales de San Antonio Oeste tramita otro expediente iniciado por un segundo denunciante, que reclama un resarcimiento por una situación similar. En ese caso, el pedido de embargo apunta a garantizar 31 millones de pesos, mientras que el reclamo total asciende a 100 millones, al incluir daño moral y sanciones punitivas.

La demanda más reciente hace referencia al emprendimiento “Tajamar”, ubicado en Las Grutas, donde el querellante asegura haber adquirido en 2020 un lote de 465,80 metros cuadrados por un valor de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y la financiación del saldo en 120 cuotas mensuales. Según el escrito judicial, “a pesar del tiempo transcurrido y de los pagos efectuados, la demandada jamás cumplió con sus obligaciones contractuales ni inició el proceso de escrituración”.