El CEO de GMXT USA, del Grupo México Transportes, visitó Buenos Aires y expresó el interés de la compañía en operar los corredores Belgrano, San Martín y Urquiza. La firma pidió que las futuras privatizaciones puedan adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones como requisito clave para participar.

La gigante ferroviaria mexicana GMXT, perteneciente al Grupo México Transportes y considerada uno de los principales actores privados del sector en América del Norte, manifestó su interés en desembarcar en el sistema ferroviario argentino con una inversión inicial estimada en USD 3.000 millones. Sin embargo, la compañía advirtió que su participación en las privatizaciones de las líneas Belgrano y San Martín dependerá de que estos procesos puedan adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), herramienta clave para otorgar estabilidad jurídica a proyectos de gran escala.

El anuncio fue realizado por Bernardo Ayala, CEO de GMXT USA, durante una visita a Buenos Aires en el marco de una misión empresarial. El ejecutivo presentó la experiencia del grupo en México, Estados Unidos y Perú, y detalló la intención de la compañía de competir por la operación de los corredores Belgrano, San Martín y eventualmente Urquiza. Según Ayala, la compañía busca replicar en la Argentina el modelo de gestión privada que modernizó el sistema mexicano a partir de los años 90.

Desde el inicio de su exposición ante empresarios y periodistas, Ayala puso la estabilidad jurídica en el centro del debate. “El tema que a todos nos interesa es la certeza jurídica. El RIGI puede dar esa seguridad”, afirmó. Sin embargo, advirtió que hasta ahora no existe una reglamentación que confirme la posibilidad de incluir los procesos de privatización ferroviaria dentro del régimen. “No vimos los pliegos ni ninguna resolución que indique que se puede adherir al RIGI. Eso todavía no está”, señaló.

Consultado por los riesgos de invertir en un país con antecedentes de cambios regulatorios, el CEO fue claro: la estabilidad normativa será determinante para que GMXT participe de las licitaciones. Ayala reconoció que el marco actual presenta oportunidades, pero insistió en que la previsibilidad jurídica es indispensable para garantizar inversiones de largo plazo.

En relación con los corredores de interés, el ejecutivo precisó que la compañía apunta a operar Belgrano, San Martín y Urquiza, pese a las diferencias técnicas en la trocha de cada línea. Destacó que GMXT ya maneja redes con especificaciones diversas en México y Estados Unidos, por lo que la adaptación no representaría un obstáculo. La empresa busca una operación integrada, abarcando el control de locomotoras, mantenimiento de vías y gestión operativa.

Respecto a la inversión proyectada, Ayala estimó una primera fase de USD 3.000 millones para poner en condiciones la red y alcanzar mejoras operativas en un plazo de 15 a 20 meses. Recordó, además, que en México el grupo lleva invertidos USD 14.000 millones desde la privatización ferroviaria, proceso que calificó como “un éxito” y cuya evolución observó de cerca desde sus inicios.

El ejecutivo sostuvo que el contexto argentino es propicio para avanzar en un esquema similar, con reformas que —según la visión de GMXT— podrían atraer capitales e impulsar la modernización de la infraestructura ferroviaria. Aseguró que la demanda potencial no proviene sólo del sector minero: empresas agroindustriales, energéticas y exportadores de diversas regiones ven en el ferrocarril la posibilidad de abaratar costos logísticos frente al predominio del transporte por camión.

Ayala también se refirió a los vínculos laborales y los gremios ferroviarios, y afirmó que la experiencia mexicana ofrece un modelo “ordenado y positivo” que podría replicarse en el país si se establecen condiciones claras para la inversión.

Para GMXT, la apertura de la red ferroviaria argentina al sector privado es una oportunidad que requiere un marco regulatorio robusto. Por eso, la adhesión de las futuras privatizaciones al RIGI se convirtió en la condición central para avanzar en su desembarco. Hasta que esa definición no quede plasmada en la normativa, la compañía asegura que no tomará una decisión final.