El Gobierno redujo fuertemente la inversión en infraestructura para sostener la reducción del déficit, priorizando el pago de deuda.

En julio, el gasto en obra pública registró una caída marcada, alcanzando niveles históricos bajos en medio del esquema de ajuste fiscal aplicado por el Gobierno. Esta reducción obedece a la necesidad de compensar el fuerte aumento de los gastos en jubilaciones y las erogaciones por intereses de la deuda pública, que demandan una parte creciente del presupuesto.

La inversión en infraestructura fue una de las partidas más afectadas por este recorte. Desde el inicio del año se observa una tendencia a la baja en el financiamiento de proyectos estatales, lo que podría afectar la ejecución de obras clave para el desarrollo y la conexión entre las provincias y las regiones.

El ajuste fiscal tiene como prioridad el cumplimiento de metas de superávit primario, pactadas con organismos internacionales. Para lograrlo, el Gobierno ha optado por disminuir la inversión directa en obras y redirigir fondos hacia el pago de compromisos financieros, especialmente los relacionados con los altos costos del endeudamiento.

La política económica también mostró un fuerte aumento en las jubilaciones debido a la indexación automática al índice de precios; un mecanismo que incrementa la presión sobre el presupuesto. Esto agregó urgencia a la necesidad de recortes en otras áreas, siendo la obra pública una variable clave en ese ajuste.

El impacto inmediato ya se observa en el ritmo de ejecución de obras iniciadas y en la ralentización de nuevos proyectos. Además, en el mediano plazo, se anticipa un debate sobre cómo reactivar la inversión pública, sin descuidar la estabilidad macroeconómica lograda hasta ahora.

En síntesis, julio se convirtió en un mes significativo para el esquema económico, donde el ajuste presupuestario afectó con fuerza a la obra pública al tiempo que priorizó el pago de deuda y jubilaciones, marcando un camino fiscal más restrictivo de cara al cierre del año.