El máximo tribunal británico resolvió que el término “mujer” se refiere exclusivamente al sexo biológico femenino, en una decisión que reaviva el debate sobre derechos y reconocimiento de identidades trans.

En un fallo considerado histórico y altamente controversial, la Corte Suprema del Reino Unido determinó que la definición legal de “mujer” se limita a las personas nacidas con sexo biológico femenino. Esta resolución, emitida este miércoles, responde a un caso en el que se cuestionaba si una mujer trans podía acceder a cargos y beneficios reservados por ley para mujeres cisgénero.

El tribunal concluyó que, en el marco de la Ley de Igualdad, el término “mujer” no puede aplicarse a personas que no nacieron biológicamente con ese sexo, incluso si realizaron una transición de género. La sentencia establece un precedente legal que podría tener implicancias significativas para los derechos de las personas trans en el país, particularmente en ámbitos laborales, penitenciarios, sanitarios y educativos.

El caso fue impulsado por la activista feminista Marian Millar, quien argumentó que permitir el acceso de mujeres trans a espacios reservados para mujeres nacidas biológicamente como tales era una violación a los derechos adquiridos por estas últimas. El tribunal dio lugar a esta perspectiva, al sostener que el reconocimiento de género no puede alterar ciertas definiciones legales clave.

Organizaciones LGTBQ+ del Reino Unido y de distintas partes del mundo manifestaron su rechazo al fallo, calificándolo como un retroceso en la lucha por la igualdad de derechos. Para muchos activistas, esta decisión legaliza una forma de exclusión institucional y sienta un precedente preocupante en tiempos de creciente polarización política sobre la identidad de género.

Por su parte, el gobierno británico no ha emitido aún una declaración oficial sobre el fallo, aunque se espera que esta decisión genere un debate parlamentario en las próximas semanas. Mientras tanto, la comunidad trans continúa exigiendo un marco legal más inclusivo que respete la autodeterminación de género y garantice una protección efectiva contra la discriminación.