Impugnaron la medida ante la Justicia, denunciando su inconstitucionalidad y sus impactos perjudiciales en los derechos de los inquilinos argentinos.

El DNU, emitido por el Gobierno de Javier Milei, que derogó la Ley de Alquileres 27.551 y su reforma posterior, la ley 27.737, generó un fuerte revuelo en el ámbito de los inquilinos. Inquilinos Agrupados, encabezados por Gervasio Muñoz, presentó un amparo ante la Justicia, argumentando la nulidad del decreto y solicitando una medida cautelar para suspender sus efectos.

En declaraciones televisivas a C5N, Muñoz expresó su firme convicción sobre la inconstitucionalidad del DNU, señalando que «no se siguieron los trámites administrativos requeridos» y advirtiendo «una regresión en materia de derechos».

El decreto, que entró en vigencia este viernes, implica cambios para las nuevas locaciones, dejando la regulación de plazos, precios, moneda y otros aspectos a acuerdos entre las partes involucradas.

Entre las implicaciones directas de esta medida se encuentra la eliminación de referencias para la actualización de precios, permitiendo actualizaciones según distintos criterios, así como la posibilidad de exigir pagos en monedas extranjeras. Esto se suma a mayores exigencias de garantías, aumentos en los depósitos requeridos y una mayor discrecionalidad por parte de los propietarios.

Esta nueva normativa generó una brusca disminución en la oferta de inmuebles para alquiler y un notable incremento en los precios debido a la escasez de opciones disponibles en el mercado.

«Estamos enfrentando una situación grave. El gobierno está legitimando que el mercado haga con nosotros lo que desee», afirmó Muñoz, haciendo hincapié en la necesidad de mantener una lucha constante por los derechos vulnerados.

«De un día para el otro todo ese debate democrático donde participaron de diferentes espacios y donde se votó muchísimas veces y hace dos meses nada más, ahora pretenden en dos segundos borrar esa lógica democrática que tienen las leyes», finalizó.