El ex presidente podría enfrentar un proceso por incumplimiento de deberes en una causa vinculada a violencia de género durante su gestión.

La Fiscalía que investiga al ex presidente Alberto Fernández dio por concluida la etapa de instrucción y solicitó avanzar hacia el juicio oral, dejando al ex mandatario a un paso de enfrentar un proceso público. El caso se originó en una denuncia por presuntas omisiones durante su gestión que habrían afectado la protección de víctimas de violencia de género.

Según el dictamen fiscal, durante la investigación se reunieron elementos que permiten sostener la acusación contra Fernández por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa apunta a supuestas irregularidades en la implementación de políticas para atender casos de violencia contra mujeres y diversidades, un área que había cobrado centralidad en su agenda de gobierno.

Para la fiscalía, existieron “omisiones graves” que habrían puesto en riesgo la integridad de personas en situación vulnerable, a partir de la falta de ejecución o seguimiento de programas específicos. En el escrito se solicitó al juez interviniente que eleve el expediente a juicio oral para que sea allí donde se definan las responsabilidades.

Por su parte, la defensa del ex presidente rechazó los cargos y sostuvo que se trata de una persecución política. En declaraciones públicas, Alberto Fernández aseguró que su gestión “fortaleció como nunca antes los dispositivos contra la violencia de género” y confía en que el proceso demostrará su inocencia.

Ahora será el juez quien deberá decidir si hace lugar al pedido fiscal y envía el caso a juicio, o si considera que no hay méritos suficientes para avanzar. En tanto, organizaciones feministas y de derechos humanos siguen con atención el desarrollo del expediente, a la espera de un pronunciamiento judicial que siente precedente.