La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó que analgésicos y antiácidos solo se vendan en farmacias habilitadas, bajo supervisión profesional, revocando parcialmente la desregulación impulsada por el Gobierno.

En un fallo que representa un revés para la política de desregulación del Gobierno de Javier Milei, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió la venta de medicamentos fuera de las farmacias. La medida cautelar, solicitada por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y la Federación Farmacéutica de la República Argentina (FEFARA), deja sin efecto diez artículos del DNU 70/2023 y sus reglamentaciones, que permitían la comercialización de analgésicos y antiácidos en supermercados, kioscos y otros comercios no especializados.

El tribunal, integrado por los jueces Clara Do Pico, Liliana Heiland y Rodolfo Facio, argumentó que la venta de medicamentos sin control profesional representa un riesgo sanitario. Además, la resolución judicial impide que un farmacéutico esté a cargo de más de un local y prohíbe que las droguerías se constituyan como farmacias para vender directamente al público.

La sentencia destaca que la actividad farmacéutica no puede reducirse a una lógica comercial y reafirma que el expendio de medicamentos es una función sanitaria indelegable que requiere la presencia, control e independencia profesional del farmacéutico. Esta postura se alinea con el precedente «Farmacity» de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Desde el sector farmacéutico, se celebró la decisión judicial. Ricardo Pesenti, presidente de COFA, expresó que la medida protege la salud pública y evita la mercantilización del sistema sanitario. Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que la salud es algo que se debe cuidar, el Estado gestionar y la justicia controlar.

El fallo, que revierte una decisión de primera instancia favorable al Ejecutivo, establece que, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, los medicamentos de venta libre solo podrán comercializarse en farmacias habilitadas bajo la supervisión de profesionales farmacéuticos. Esta decisión marca un precedente importante en la discusión sobre el alcance de las reformas impulsadas por el Gobierno en materia de salud pública.