El juez Casanello confirmó la recepción de un informe del Ministerio de Seguridad solicitado previamente

El juez Casanello confirmó la recepción de un informe del Ministerio de Seguridad solicitado previamente, en el cual se pedían explicaciones sobre los fundamentos jurídicos del protocolo, así como la consulta realizada a la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales. 

Este requerimiento surge como respuesta a la acción de inconstitucionalidad presentada por la legisladora porteña Celeste Fierro del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) el pasado 18 de diciembre.

El informe presentado por el Ministerio de Seguridad, según Casanello, reveló que no se consultaron otros organismos del Estado, organizaciones de la sociedad civil ni organismos internacionales durante la elaboración del protocolo. Además, señaló que la adecuación del protocolo a las normas internacionales de derechos humanos se basó en una «genérica invocación de instrumentos y documentos», careciendo de detalles específicos.

Ante este panorama, el juez Casanello afirmó que las condiciones están dadas para dictar una medida cautelar que proteja los derechos y libertades democráticas fundamentales. Sin embargo, advirtió que, al menos por ahora, la decisión no alcanzará el alcance pretendido en la demanda de declaración de inconstitucionalidad.

El documento judicial resalta que, aunque el informe parece reconocer la existencia y preeminencia de algunas reglas y principios relacionados con los derechos humanos, estas referencias son generales y no se conectan directamente con los términos específicos del acto administrativo cuestionado.

Casanello enfatizó que la libre circulación debe coexistir con otros derechos civiles y políticos, como la libre expresión, asociación y reunión, así como el derecho de peticionar y criticar a las autoridades, considerándolos de especial importancia dentro del sistema democrático y, por ende, merecedores de protección especial.

En respuesta a estos hallazgos, el juez instó al Ministerio de Seguridad a adecuar la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos por el Sistema Constitucional de Derecho, solicitando además que se instruya a estas fuerzas para notificar y consultar de inmediato a las autoridades judiciales en el marco de su actividad preventiva, según lo establecido por las leyes procesales.

Con el objetivo de resolver la cuestión de fondo, el juez convocó a una audiencia de habeas corpus para el 14 de febrero a las 11, donde se espera la presencia de un representante del Ministerio de Seguridad, las partes demandantes y la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10.