El Consejo Interuniversitario Nacional resolvió por unanimidad iniciar acciones judiciales contra el Gobierno para garantizar la vigencia de la Ley 27.795, que establece fondos para las universidades y la recomposición salarial docente. “Un decreto no puede suspender una ley”, advirtieron las autoridades.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) decidió este lunes que las universidades públicas del país acudirán a la Justicia para reclamar el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795).

La resolución fue aprobada por unanimidad durante un plenario extraordinario de Rectoras y Rectores realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En el encuentro, las autoridades académicas coincidieron en que la suspensión de la norma por parte del Poder Ejecutivo “viola la división de poderes” y representa un “grave antecedente institucional”.

“Cuarenta años después del primer plenario del CIN, volvemos a reunirnos en la UBA para reafirmar el compromiso con la legalidad y exigir el respeto al sistema republicano”, expresó el presidente del organismo, Oscar Alpa.

Por su parte, el decano anfitrión, Leandro Vergara, sostuvo que “un decreto no puede suspender una ley” y calificó la medida del presidente Javier Milei como una “violación directa” del orden constitucional.

El vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, también apuntó contra el Gobierno: “Es grave para la institucionalidad democrática naturalizar el incumplimiento de leyes con amplia legitimidad social, política e institucional. Hemos sido responsables y pacientes, pero ahora corresponde recurrir a la Justicia”.

Además de la acción judicial, el plenario resolvió solicitar al Congreso Nacional la pronta aprobación del Presupuesto 2026, que incluya los fondos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario como base presupuestaria mínima.

La norma en cuestión, aprobada este año por amplia mayoría parlamentaria, establece un esquema de aumento progresivo de recursos para las universidades nacionales y contempla una recomposición salarial para el sector docente. Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió promulgarla pero suspender su aplicación mediante decreto, lo que generó el rechazo unánime del sistema universitario.

Con esta decisión, el CIN se prepara para librar una nueva batalla institucional en defensa de la autonomía universitaria y del financiamiento público de la educación superior en Argentina.