Trabajadores y gremios de cinco hospitales del sistema SAMIC encendieron la alerta ante versiones de cambios en el gerenciamiento impulsados por el Gobierno nacional. Advierten por el impacto en el acceso a la salud, en un contexto de fuerte aumento de la demanda en hospitales públicos.
Trabajadores, sindicatos e intendentes del conurbano bonaerense se declararon en estado de alerta frente a versiones que indican que el gobierno de Javier Milei evalúa modificar el gerenciamiento de los hospitales que integran el Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC). En la provincia de Buenos Aires, el esquema alcanza a cinco centros de alta complejidad que atienden a miles de pacientes de los sectores más vulnerables.
Los gremios advierten que un eventual cambio podría derivar en una privatización encubierta del sistema sanitario, con consecuencias directas sobre el acceso universal a la salud, especialmente en el AMBA, la región más densamente poblada y con mayores índices de pobreza del país.
El debate reavivó la tensión entre el Ejecutivo nacional y el gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof, ya que la gestión de los hospitales SAMIC es compartida. En algunos casos, la Nación tiene mayoría accionaria: por ejemplo, el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner (Cañuelas) tiene un 80% de participación nacional y 20% provincial; mientras que el Hospital del Bicentenario (Esteban Echeverría) y el Hospital El Cruce funcionan bajo un esquema 70-30.
Desde el Ministerio de Salud bonaerense, conducido por Nicolás Kreplak, señalaron que no hay precisiones oficiales sobre el alcance de una eventual reforma, pero remarcaron que se trata de hospitales creados por ley, por lo que cualquier modificación debería pasar por el Congreso. “Son hospitales nacionales con participación provincial. Si se avanza en cambios, el Gobierno nacional deberá hacerse cargo de las consecuencias”, advirtieron.
Más demanda y temor a la fragmentación
Según datos de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la concurrencia a hospitales públicos bonaerenses creció entre un 12% y un 15% en el último año, con picos de hasta el 50% en algunas zonas, producto de despidos y pérdida de cobertura de obras sociales.
“Buscan fragmentar el sistema sanitario. Si avanzan con una privatización, después puede pasar cualquier cosa en salud”, alertó Damián Zamorano, secretario adjunto del personal del Hospital El Cruce. Según explicó, el edificio continúa funcionando con estándares de excelencia, pero la presión asistencial es cada vez mayor.
Los trabajadores también cuestionan comunicados oficiales que niegan planes de privatización, pero reconocen problemas de financiamiento. “Hablan de evaluar alternativas sin decir cuáles. Tememos una ofensiva gradual, empezando por privatizar servicios específicos”, señaló Zamorano, quien advirtió que eso implicaría peores condiciones laborales, salarios ligados a productividad y la pérdida de paritarias.
Gremios en estado de alerta
La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (Fesintras) se declaró en alerta y movilización. Su secretario general, Pablo Maciel, sostuvo que “hablar de gerenciamiento privado implica subordinar la salud al lucro y deteriorar tanto las condiciones laborales como la calidad de la atención”.
En la misma línea, Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) denunció que estas iniciativas retoman políticas de los años noventa, orientadas a privatizar áreas rentables y desfinanciar el resto del sistema. A su vez, desde ATE Nacional remarcaron que 16 millones de personas dependen del sistema público de salud, un tercio de ellas en el conurbano.
Incluso el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires expresó su “rechazo absoluto” a cualquier intento de desarticulación del sistema público y advirtió que la introducción de lógicas de lucro privado afectaría directamente a los pacientes.
