Así lo definió la jueza María Eugenia Capuchetti, para quien no existió delito. Era una de las causas de «lawfare» impulsadas por el kirchnerismo.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti sobreseyó al expresidente Mauricio Macri, a su exasesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, y a otros exfuncionarios de su gestión en la causa conocida como “Mesa Judicial macrista”, en la cual se lo acusaba de presionar jueces para lograr fallos favorables y armar supuestas causas contra la oposición.

Se trata de un caso de “lawfare”. En el fallo también fue sobreseído el exministro de Justicia del gobierno de Cambiemos, Germán Garavano.

Al indicar que «no hubo existencia de delito«, la jueza resaltó en el fallo que quienes supuestamente fueron presionados para direccionar las investigaciones, esto es magistrados y fiscales, nunca denunciaron en su momento los hechos ni tampoco cuando declararon.

“Esta cuestión no es menor«, consideró Capuchetti, al explicar que no se trata de víctimas legas que «años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas», sino de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que «no solo se presume conocen el derecho y, por lo tanto, pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquel que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal”.

En la resolución, la jueza valoró que no puede considerarse como «presión» los comentarios de los dirigentes realizados en la prensa sobre esos magistrados. «Los miembros del sistema judicial estamos sujetos a un escrutinio público y, frecuentemente, nuestras decisiones son objeto de debate y discusión en los medios de comunicación», lo que consideró «esencial» para mantener  la transparencia y la rendición de cuentas. 

“Transitada una extensa investigación que insumió más de cuatro años», la magistrada manifestó en la resolución que el fin fue «someter el objeto procesal de estos actuados al tamiz de la tipicidad, a fin de determinar si existe una verdadera sospecha susceptible de encuadre delictivo”, sobre la cual dijo que “no constituyen delito alguno”.

Y el documento concluye: “La inexistencia de tal asociación ilícita no surge solo de la prueba recolectada (que mal conduce a corroborar una coordinación jerárquica, una distribución de roles y un plan con acuerdo previo y común para cometer delitos indeterminados), sino también de las propias conductas denunciadas”.