El gobierno interino de José Jerí dispuso militarizar las calles de Lima y el Callao por 30 días ante el aumento de homicidios y ataques del crimen organizado. La medida afecta a más de 10 millones de personas y restringe libertades individuales.
En medio de una grave crisis política y de seguridad, el gobierno interino de Perú decretó este martes el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el puerto del Callao, con el objetivo de frenar la ola de violencia y extorsiones vinculadas al crimen organizado.
La medida, anunciada por el presidente José Jerí en un mensaje televisado a la nación, entrará en vigor a la medianoche del miércoles y tendrá una duración de 30 días. Abarca a más de 10 millones de habitantes y otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo, incluyendo la posibilidad de militarizar las calles y restringir derechos constitucionales como la libertad de reunión o la inviolabilidad del domicilio.
“El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00:00 horas y se aplicará por 30 días en Lima y el Callao”, anunció Jerí. Bajo esta disposición, las fuerzas armadas podrán patrullar junto a la policía para reforzar el orden público y enfrentar la creciente violencia.
Entre las restricciones impuestas, se prohíbe que dos personas circulen en una misma motocicleta, una modalidad frecuentemente utilizada en ataques y asesinatos por encargo.
No es la primera vez que la capital peruana se encuentra bajo un régimen de excepción: entre marzo y julio de este año, Lima ya había estado parcialmente militarizada tras el asesinato de un popular cantante de cumbia.
La situación de inseguridad se agravó tras las protestas del 15 de octubre, cuando miles de personas se manifestaron contra el Congreso y el nuevo gobierno, provocando enfrentamientos cerca de la sede parlamentaria.
El país atraviesa una profunda crisis institucional desde 2016, con siete presidentes en menos de una década debido a los enfrentamientos entre el poder Ejecutivo y el Legislativo. La destitución de la expresidenta Dina Boluarte, el pasado 10 de octubre, marcó un nuevo capítulo en la inestabilidad política.
Según cifras oficiales, las denuncias por extorsión aumentaron drásticamente: pasaron de 2.396 en 2023 a más de 17.000 en 2024, con Lima encabezando los registros. Solo entre enero y octubre de 2025, 47 conductores de transporte público fueron asesinados, según datos del gremio Anitra.
La Policía Nacional informó que entre enero y septiembre de este año se presentaron 20.705 denuncias por extorsión, un aumento del 28,8% respecto al mismo período del año anterior. La violencia, sumada a la crisis política, mantiene a Perú en una de las etapas más críticas de su historia reciente.
