Organizaciones políticas y de derechos humanos la denunciaron ante el Consejo de la Magistratura por su actuación en detenciones de militantes.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, enfrenta una denuncia por mal desempeño que podría derivar en un juicio político. La presentación fue realizada ante el Consejo de la Magistratura por agrupaciones políticas y organismos de derechos humanos, que cuestionaron su accionar en causas que involucraron detenciones de manifestantes.

Según el escrito presentado, se acusa a Arroyo Salgado de “falta de imparcialidad y arbitrariedad manifiesta” en decisiones judiciales que habrían vulnerado derechos constitucionales. El caso que motivó el pedido de juicio político está vinculado a la detención de militantes en el marco de protestas sociales, en las que la jueza intervino ordenando allanamientos y privaciones de libertad que los denunciantes calificaron de “desproporcionadas”.

Desde los espacios que impulsaron la denuncia señalaron que su objetivo es “preservar el Estado de Derecho y el pleno ejercicio de las garantías democráticas”, advirtiendo que la actuación de la magistrada “sienta un peligroso precedente para la criminalización de la protesta”.

Por su parte, fuentes cercanas a Arroyo Salgado indicaron que la jueza actuó conforme a derecho y con respaldo en pruebas suficientes para sustentar las medidas adoptadas. Sin embargo, el proceso iniciado en el Consejo de la Magistratura podría derivar en la apertura de un expediente formal para evaluar su desempeño.

Ahora será el Consejo quien deberá analizar la admisibilidad de la denuncia y decidir si avanza con un procedimiento que podría concluir en la remoción de la jueza. Mientras tanto, el caso suma tensión al debate sobre el rol del Poder Judicial frente a la protesta social y los límites en la actuación de los magistrados.