Integrantes de Greenpeace irrumpieron en las escalinatas del Congreso para rechazar la reforma de la Ley de Glaciares que debate el Senado. Hubo al menos una docena de detenidos y un camarógrafo de A24 resultó golpeado y demorado durante el operativo policial.
Un grupo de ambientalistas protagonizó este jueves una protesta frente al Congreso de la Nación contra la modificación de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno. Los manifestantes saltaron el vallado perimetral y se instalaron en las escalinatas del Palacio Legislativo con inodoros y carteles con consignas dirigidas a los senadores.
La intervención policial no tardó en llegar. Efectivos de la Policía Federal Argentina detuvieron al menos a 12 activistas que participaban de la acción directa. En medio del operativo, también fue reducido un camarógrafo del canal A24 que cubría el hecho. Según se difundió en imágenes, el trabajador fue empujado al suelo, golpeado y posteriormente liberado.
La manifestación se produjo horas antes del debate previsto en el Senado, donde se tratará la reforma de la Ley de Glaciares, iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
Qué cambia con la reforma
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce. La propuesta oficial introduce modificaciones en la definición y alcance de esas áreas protegidas.
De acuerdo con organizaciones ambientalistas, la reforma habilitaría mayor margen para el desarrollo de actividades extractivas —como la megaminería y la explotación de hidrocarburos— en zonas que hoy cuentan con protección específica.
Desde Greenpeace sostienen que el proyecto delega en las provincias la facultad de definir qué áreas consideran ambiente periglacial y cuáles no, lo que, según advierten, podría generar criterios dispares y reducir los estándares mínimos de protección ambiental.
Especialistas en geología y estudios glaciares también señalaron que la modificación podría alterar el espíritu de las leyes de presupuestos mínimos ambientales, cuyo objetivo es fijar un piso común de protección en todo el territorio nacional.
Debate en un clima de tensión
La protesta y las detenciones sumaron un clima de tensión al tratamiento legislativo. Desde el oficialismo argumentan que la reforma busca promover inversiones y desarrollo productivo en provincias cordilleranas. Desde la oposición y organizaciones socioambientales cuestionan la oportunidad y el alcance del proyecto.
Mientras el Senado se apresta a votar la iniciativa, el episodio en las escalinatas del Congreso volvió a poner en el centro del debate la relación entre desarrollo económico, regulación ambiental y protesta social.
