Durante una manifestación de jubilados en la Plaza del Congreso, fuerzas de seguridad reprimieron con dureza. Hubo personas heridas y detenciones, entre ellas, dos fotoperiodistas.

Una protesta pacífica encabezada por jubilados frente al Congreso de la Nación terminó en una violenta represión por parte de las fuerzas federales. La manifestación, convocada para rechazar los recortes en haberes y denunciar el deterioro de las condiciones de vida, fue disuelta con golpes, gases y detenciones, en un operativo que generó fuerte repudio.

Entre los hechos más graves se encuentra la detención de dos fotoperiodistas que se encontraban cubriendo la movilización. A pesar de estar debidamente identificados, fueron esposados y trasladados por la policía. La situación encendió las alarmas en organismos de derechos humanos y asociaciones de prensa, que denunciaron una vulneración directa a la libertad de expresión.

Testigos presenciales relataron escenas de violencia injustificada, con jubilados golpeados y manifestantes dispersados por la fuerza sin previo aviso. En el lugar también se reportaron heridos, algunos de ellos trasladados a hospitales cercanos. La represión se desplegó en cuestión de minutos, dejando a muchos sin posibilidad de resguardo.

Desde distintos sectores sociales y políticos se cuestionó el uso desmedido de la fuerza. Además, se criticó el accionar del Ministerio de Seguridad, que defendió el operativo como una medida “preventiva”, mientras imágenes y testimonios muestran una respuesta desproporcionada frente a una protesta pacífica.

Este episodio se suma a una serie de intervenciones policiales cada vez más frecuentes en contextos de protesta social. La criminalización de la manifestación, el hostigamiento a la prensa y el uso represivo del aparato estatal abren una peligrosa deriva que pone en jaque derechos básicos en una democracia.