La protesta por aumentos en las pensiones fue dispersada con gas pimienta y gases lacrimógenos, dejando heridos y detenidos.

Una nueva manifestación de jubilados frente al Congreso Nacional terminó en represión policial, con el uso de gas pimienta y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. La protesta, que se realiza semanalmente, exigía un aumento en los haberes y rechazaba el veto presidencial a la ley de actualización previsional. A pesar de la menor convocatoria en comparación con ocasiones anteriores, la policía implementó el protocolo antipiquetes, desplazando a los manifestantes hacia la vereda y utilizando gases lacrimógenos cuando algunos bajaron a la calle.

La movilización fue acompañada por organizaciones políticas como la UTEP y partidos de izquierda. Durante la protesta, se registraron empujones y corridas, resultando en al menos dos detenidos y cinco heridos. Los manifestantes, entre ellos jubilados y simpatizantes de clubes de fútbol, expresaron su descontento por las políticas económicas del gobierno. Carlos Alberto Dawlowfki, referente de la movilización, criticó el accionar policial, mientras que una manifestante de 80 años afirmó que no la detendrán hasta conseguir jubilaciones dignas.

La represión se produce en un contexto de creciente tensión social debido a los recortes en las pensiones implementados por el presidente Javier Milei. A principios de marzo, una manifestación similar fue reprimida con gases lacrimógenos, agua a presión y balas de goma, resultando en más de 120 detenidos y 46 heridos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que los detenidos podrían enfrentar hasta 20 años de prisión bajo una nueva ley antimafia.

La protesta y su represión han generado condenas y aumentado la tensión política en el país, reflejada también en cacerolazos de protesta en diversos barrios de Buenos Aires. El gobierno ha calificado las manifestaciones como intentos de desestabilización, mientras que los manifestantes denuncian la pobreza y la represión que sufren.

La situación continúa siendo monitoreada por organismos de derechos humanos y sectores de la oposición, que exigen una investigación sobre el uso de la fuerza y el respeto al derecho a la protesta pacífica.