Una investigación interna expuso cómo operaban efectivos de la Policía Bonaerense en apoyo al excomisario y actual candidato libertario. El caso sigue sumando implicancias políticas e institucionales.

La investigación que derivó en el desplazamiento de 24 jefes policiales de la provincia de Buenos Aires sumó nuevas revelaciones sobre la red de apoyo político que funcionaba dentro de la propia fuerza. Según fuentes oficiales, los efectivos involucrados no solo brindaban respaldo territorial al excomisario Maximiliano Bondarenko, actual candidato aliado al oficialismo libertario, sino que también participaban en la organización de actos proselitistas y proveían información confidencial.

Los reportes internos señalan que algunos uniformados actuaban como nexo entre dirigentes libertarios y sectores barriales, utilizando recursos del Estado para promover actividades partidarias. Entre otras acciones, se detectó la utilización de móviles policiales en traslados vinculados a la campaña, así como el ofrecimiento de asesoramiento logístico en actos públicos.

Además, se identificaron intercambios de información reservada que podrían haber afectado el desarrollo de investigaciones judiciales en curso. Las autoridades provinciales calificaron estas maniobras como un intento de “infiltración política” en la fuerza, lo que motivó el inicio de sumarios administrativos y denuncias penales.

El Ministerio de Seguridad bonaerense ordenó una revisión integral de los canales internos de comunicación y estableció un refuerzo en los mecanismos de control jerárquico. En paralelo, se evalúa una reforma normativa para impedir futuros vínculos indebidos entre fuerzas de seguridad y espacios partidarios.

Desde el espacio político de Bondarenko negaron cualquier vínculo formal con los policías desplazados y acusaron al gobierno provincial de “persecución ideológica”. Sin embargo, el escándalo ya generó tensiones dentro del arco libertario, que busca despegarse de cualquier imagen de connivencia con estructuras estatales.

El caso puso en el centro del debate la necesidad de mantener la neutralidad política de las fuerzas de seguridad y abrió un nuevo frente para el Ejecutivo bonaerense, en plena temporada preelectoral.