El Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 782/2024, que echa por tierra el proyecto de ley que actualizaba las pensiones por inflación. Qué puede ocurrir en el Congreso si deciden insistir con la iniciativa.
El Ejecutivo oficializó el veto total de Javier Milei a la nueva fórmula jubilatoria aprobada en el Congreso, con el argumento de que «no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento». En paralelo, se otorgó un nuevo bono de $70 mil para los jubilados.
El rechazo se formalizó a través del Decreto 782/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del Presidente y todo su Gabinete. La norma «observa en su totalidad» al proyecto de ley y lo devuelve al Parlamento.
De esta manera el mandatario cumplió con la promesa que hizo en junio cuando la iniciativa tuvo media sanción y dejó sin efecto el aumento del 8,1% a las jubilaciones desde abril, las actualizaciones mensuales en base a la inflación, el aumento anual del 50% de la variación de la RIPTE por sobre la variación del IPC del año anterior, entre otros puntos que mejoran la situación de los jubilados.
El texto, más cercano a un panfleto que a un instrumento legal y técnico, recuerda que «en lo que constituyó un hecho histórico, el 9 de julio de 2024, los gobernadores de 17 provincias de nuestra Nación, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Presidente de la Nación firmaron en la ciudad de Tucumán, el ‘Pacto de Mayo’, el cual establece como segundo principio el ‘equilibrio fiscal innegociable’«.
El decreto indica que la aplicación de la ley «implicaría para el Estado Nacional un gasto adicional al previsto de aproximadamente $6.160.000.000.000 para el año 2024», que se elevaría a «$15.430.000.000.000 para el año 2025».
Asimismo, señala que dichos importes «equivalen al 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y de 1,64% de aquél, estimado para el año entrante». Y añade que las cifras tornarían «imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno Nacional».
A su vez remarca que dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso «dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina» e implicaría «obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos».
