El Ministerio de Justicia volvió a postergar la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal, prevista para el 10 de noviembre. Los fiscales advirtieron que no están dadas las condiciones para el cambio y reclaman más recursos, cargos cubiertos y autonomía financiera.
El Ministerio de Justicia de la Nación decidió postergar una vez más la implementación del sistema acusatorio en los tribunales federales de Comodoro Py y en el fuero Penal Económico, cuya puesta en marcha estaba prevista para el próximo 10 de noviembre. Según confirmaron fuentes oficiales, la nueva fecha fijada para su entrada en vigencia será el 27 de abril de 2026, en medio de la fuerte resistencia del Ministerio Público Fiscal (MPF), que desde hace meses advierte que no están dadas las condiciones para adoptar el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF).
La decisión fue tomada por Sebastián Amerio, secretario de Justicia, mientras el ministro Mariano Cúneo Libarona se encuentra de licencia. La resolución oficial aún no fue publicada, pero se espera que se difunda entre la tarde de este miércoles y el jueves.
El procurador interino Eduardo Casal había recibido a mediados de octubre al ministro Cúneo Libarona junto a un grupo de 19 fiscales federales, quienes le reiteraron los principales reclamos antes del cambio de sistema. El nuevo modelo acusatorio traslada a las Fiscalías la responsabilidad completa de la investigación penal, mientras que los jueces pasan a cumplir el rol de garantes del debido proceso.
Desde la Procuración sostienen que, para garantizar un servicio de justicia eficaz, es imprescindible resolver primero los problemas estructurales del Ministerio Público: cubrir los cargos vacantes, aumentar los recursos humanos y materiales, mejorar la infraestructura y avanzar hacia la autarquía financiera. Según el propio Casal, el Poder Ejecutivo mantiene demorados 222 pliegos de fiscales, y casi la mitad de las Fiscalías del país se encuentran subrogadas. En el fuero Penal Económico, las vacantes alcanzan el 60%.
El sistema acusatorio ya rige en jurisdicciones como Bahía Blanca, Salta, Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata, que abarcan 12 provincias. En la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires, el proceso ya había sido postergado en agosto y, desde entonces, los reclamos de los fiscales siguen siendo los mismos.
Además de los cargos sin cubrir, los representantes del MPF insisten en la necesidad de contar con cuerpos periciales propios, nuevos convenios con fuerzas de seguridad para realizar pericias, y una mejor infraestructura edilicia y tecnológica que permita sostener el ritmo de las investigaciones bajo el nuevo esquema.
En una entrevista reciente con Radio Mitre, el procurador Casal aclaró que el Ministerio Público no se opone al cambio de sistema, sino a las condiciones actuales para aplicarlo:
“Ni yo, ni ninguno de mis colaboradores ni los fiscales estamos en contra del sistema acusatorio. Al contrario: ya se ha implementado en la mitad del país con entusiasmo de todos los operadores. Pero hacen falta las condiciones mínimas para hacerlo bien”, afirmó.
La postergación de la implementación en los tribunales de Comodoro Py, símbolo del poder judicial federal, vuelve a dejar en suspenso uno de los cambios estructurales más esperados en la Justicia argentina, que busca acelerar los procesos y fortalecer la transparencia de las investigaciones penales.
