La Policía aplicó el protocolo antipiquetes durante una movilización pacífica, lo que derivó en incidentes y una fuerte crítica a la política de seguridad del Gobierno.

Una nueva jornada de protesta terminó con represión en la Ciudad de Buenos Aires, cuando efectivos de la Policía aplicaron el protocolo antipiquetes en una marcha encabezada por jubilados y organizaciones sociales frente al Congreso. La manifestación, que exigía mejoras en las jubilaciones mínimas y el acceso a medicamentos, fue interrumpida por un violento operativo que incluyó gases lacrimógenos y empujones.

La movilización se dio en un contexto de creciente malestar entre los sectores más vulnerables, que acusan al Gobierno de Javier Milei de ajustar sobre los ingresos de los adultos mayores. Bajo consignas como “la plata no alcanza” y “no al recorte de medicamentos”, cientos de jubilados se concentraron en Plaza Congreso para visibilizar su reclamo.

La situación se tensó cuando las columnas avanzaron hacia la avenida Callao y efectivos de la Policía intentaron despejar la vía pública en cumplimiento del protocolo antipiquetes. Según testigos, el operativo fue desproporcionado y alcanzó incluso a personas mayores con movilidad reducida. Varios manifestantes resultaron heridos y al menos tres fueron detenidos.

Desde el Gobierno defendieron el accionar policial como parte del cumplimiento del protocolo diseñado por el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, sindicatos y referentes de la oposición condenaron la represión, denunciando que se criminaliza la protesta social en lugar de dar respuesta a las demandas legítimas.

Esta no es la primera vez que una protesta de jubilados termina con represión desde que se implementó el nuevo protocolo. El hecho reavivó el debate sobre el equilibrio entre el orden público y el derecho a la protesta, en un país donde las calles siguen siendo el principal escenario de expresión popular frente a la crisis económica.