El Senado uruguayo sancionó la normativa que permite la eutanasia y el suicidio asistido bajo estrictas condiciones médicas, convirtiéndose en el primer país de la región en legalizar la práctica.

Uruguay marcó un hito histórico al aprobar la primera ley de eutanasia de América Latina. Con una mayoría en el Senado, el país habilitó el acceso a la muerte asistida tanto por eutanasia directa como por suicidio médicamente asistido, siempre que el paciente cumpla con los criterios establecidos por la nueva normativa.

La ley contempla que podrán solicitarla personas mayores de edad que padezcan enfermedades graves, incurables o padecimientos crónicos e irreversibles que afecten de manera intolerable su calidad de vida. Además, el procedimiento deberá ser solicitado de forma voluntaria, informada y reiterada, sin presiones externas.

El texto también establece la creación de un comité médico que evaluará cada caso antes de autorizar el procedimiento. Los profesionales de la salud que participen tendrán la posibilidad de abstenerse por objeción de conciencia, siempre que deriven al paciente a otro médico dispuesto a intervenir.

Con esta decisión, Uruguay se suma a una lista reducida de países que reconocen legalmente el derecho a una muerte digna, entre ellos Bélgica, Países Bajos, Canadá, España y Nueva Zelanda. La aprobación fue celebrada por organizaciones de derechos humanos y asociaciones médicas, aunque también generó debate entre sectores religiosos y conservadores.