El operativo de seguridad frente al Congreso dejó heridos y detenidos, en una nueva jornada de protesta por los derechos previsionales.

Este miércoles 7 de mayo, una nueva movilización de jubilados frente al Congreso argentino terminó en represión por parte de las fuerzas de seguridad. Durante el operativo, el sacerdote Francisco «Paco» Olveira resultó herido en el rostro mientras intentaba asistir a una jubilada que había caído al suelo. Además, fue detenido un manifestante, identificado como Roberto Asorey, excombatiente de Malvinas, quien permanece bajo custodia policial.

La protesta, que se realiza semanalmente para exigir mejoras en los haberes jubilatorios, la restitución de la moratoria previsional y el acceso a medicamentos gratuitos, fue nuevamente reprimida bajo el protocolo antipiquetes implementado por el Ministerio de Seguridad. Los efectivos utilizaron gas pimienta y escudos para dispersar a los manifestantes, generando escenas de tensión y violencia en las inmediaciones del Parlamento.

El padre Olveira, reconocido por su labor en barrios populares, relató que fue agredido mientras intentaba evitar la detención de Asorey. «Me siento bien, seguramente me habrán dado con alguno de los escudos o con la mano. ¡No me di cuenta! Me tomaron los datos por si después me quiere llamar el fiscal», expresó el sacerdote, quien mostró su herida en el rostro durante una entrevista.

La represión también afectó a otros manifestantes y periodistas presentes en la marcha. Según testigos, las fuerzas de seguridad avanzaron sobre los manifestantes para despejar la calzada, aunque el tránsito no se normalizó tras el operativo. La violencia con que actuaron parece destinada a aterrorizar a los jubilados y a la población, dada la desproporción entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Organismos de derechos humanos y sectores políticos han expresado su preocupación por el uso desmedido de la fuerza en estas manifestaciones pacíficas. La reiteración de estos episodios genera un clima de tensión y cuestionamientos sobre el respeto a los derechos de los ciudadanos que reclaman por condiciones de vida dignas.