La administración de Milei busca frenar la ejecución de la sentencia mientras prepara una apelación que podría demorar años.
El Gobierno argentino solicitó formalmente a la jueza Loretta Preska, de Nueva York, que suspenda el fallo que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF, en el marco del juicio por la estatización de la petrolera. La medida apunta a ganar tiempo mientras se define una estrategia legal para revertir o, al menos, dilatar la ejecución de la sentencia.
El pedido se realizó bajo el argumento de que el cumplimiento inmediato del fallo generaría un daño irreparable para la Argentina, afectando no solo el patrimonio estatal sino también el normal funcionamiento de la principal compañía energética del país. Según fuentes oficiales, la defensa buscará demostrar que el traspaso de ese paquete accionario atentaría contra la soberanía nacional y la seguridad energética.
En paralelo, la administración de Javier Milei trabaja en una apelación que, en caso de ser aceptada, podría extender el proceso judicial durante varios años. El objetivo es dilatar los plazos y eventualmente negociar una salida menos costosa para el Estado, que enfrenta una sentencia que supera los USD 16.000 millones.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene un fuerte hermetismo sobre las gestiones diplomáticas y financieras en curso. Trascendió que se estarían explorando contactos con fondos acreedores y con funcionarios de Estados Unidos para intentar suavizar el impacto del fallo, o bien abrir instancias de diálogo que eviten un desenlace inmediato.
La situación añade tensión a un frente económico ya complejo, con reservas del Banco Central debilitadas y compromisos de deuda que limitan la capacidad de maniobra. Además, pone en alerta al mercado local, atento a posibles repercusiones sobre los activos argentinos y el futuro de YPF.
Con este escenario, la estrategia oficial combina la vía judicial en Estados Unidos con un discreto lobby internacional, mientras Milei busca enviar señales de firmeza para evitar un deterioro mayor en las expectativas económicas y sostener su programa de ajuste fiscal.