A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo eliminó las regulaciones vigentes desde 1993 sobre los aranceles de los colegios privados. La medida busca “resguardar la libre contratación” y dar mayor autonomía a las instituciones educativas.

El Gobierno nacional dispuso la desregulación total de los precios de las cuotas y matrículas en los colegios de gestión privada. La medida fue oficializada este martes mediante el Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, que deroga el histórico Decreto 2417/1993 e invita a las instituciones a establecer su propia “política de precios”. Según el texto oficial, el objetivo principal es “resguardar el principio de libre contratación y el derecho de propiedad” de las entidades privadas.

La norma derogada complementaba el marco del financiamiento educativo establecido en 1991, que imponía reglas sobre la fijación y comunicación de aranceles a las familias. Sin embargo, el Gobierno argumenta que ese esquema se volvió obsoleto frente a las condiciones actuales del sistema educativo y a la transferencia de competencias a las provincias, en línea con el principio federal.

En los considerandos, el Ejecutivo señala que la intervención estatal en la fijación de precios, aunque buscaba proteger la calidad educativa, terminó generando efectos negativos sobre la sostenibilidad de los colegios. La obligación de presentar los valores de matrícula y cuotas con anticipación, junto a la exigencia de una autorización previa para cualquier ajuste, habría limitado la capacidad de los establecimientos para responder a las variaciones del mercado y los costos operativos, como salarios y servicios.

El Gobierno también argumenta que la regulación anterior perjudicaba a las familias. Según el decreto, la incertidumbre generada por la falta de flexibilidad llevaba a las instituciones a fijar valores más altos desde el comienzo del ciclo lectivo, como resguardo ante posibles aumentos no autorizados. La desregulación, en cambio, permitiría una mayor competencia entre los colegios y una oferta más diversa de precios y servicios.

La decisión se da en un momento clave, cuando las escuelas privadas definen sus aranceles para el ciclo lectivo 2026. Con esta medida, el Ejecutivo busca avanzar hacia un esquema de libertad plena de precios, en el que las instituciones puedan negociar directamente con las familias las condiciones económicas y educativas.