La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y su antecesora Patricia Bullrich están bajo la lupa judicial luego de una denuncia presentada por la abogada Valeria Carreras. La denuncia se origina en los dichos que el presidente Javier Milei realizó el 27 de septiembre en LN+, donde aseguró que el Gobierno expulsó 10.000 «terroristas» en 2025 y otros 20.000 en lo que va de 2026. Según Milei, se trata de personas que «se infiltran de otros países para tratar de dinamitar el modelo argentino».
Contraste con cifras oficiales
En su presentación, Carreras pidió investigar a Bullrich y Monteoliva, imputándolas por incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de denuncia, más cualquier otro delito que pueda surgir. La abogada señala que, según datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones, durante 2025 se registraron 772 expulsiones por distintos delitos sin relación con terrorismo, y para 2026 hay un registro parcial de 744 expulsiones y casi 19.000 rechazos, ninguno tipificado como terrorismo.
Ante esta marcada diferencia, Carreras reclama aclarar cómo se determinó que esas personas eran terroristas y si existió un registro formal que lo avalara. También solicita determinar si desde el Ministerio de Seguridad se difundió información falsa o exagerada sobre una amenaza de seguridad nacional de esta magnitud.
Requerimientos de la denuncia
La denuncia solicita que se entregue un detalle de las expulsiones y rechazos en 2025 y 2026, discriminando los motivos y especialmente los vinculados con terrorismo, junto con datos sobre las personas en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Además, se pide acceso a informes o comunicaciones internas del Ministerio que fundamenten los dichos de Milei.
También se requiere información a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al fuero federal respecto a denuncias, imputaciones o condenas contra extranjeros por terrorismo o delitos relacionados en los últimos dos años.
Implicancias y posibles escenarios
La abogada advierte que, si bien puede tratarse de errores en los datos oficiales o de exageraciones por parte del Presidente, de ser cierta la cifra de 30.000 terroristas expulsados en menos de dos años, eso pondría en evidencia la falta de una política pública eficaz para contener esta amenaza. Por eso, sostiene que la situación es «inadmisible» y requiere una investigación urgente y profunda.
Finalmente, Carreras pidió que se analice la gravedad institucional del anuncio público y que se determine si se trata de un error, una exageración o incluso una ocultación de información sobre seguridad nacional.
