La medida implica una reestructuración del sistema de fiscalización alimentaria: ahora, dos organismos asumirán el control exclusivo del Código Alimentario Argentino.
En una nueva avanzada sobre organismos del Estado, el Gobierno nacional oficializó la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), que hasta ahora funcionaba como espacio interinstitucional clave en la regulación alimentaria. A partir de esta decisión, el control del Código Alimentario Argentino será asumido de forma exclusiva por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
La medida se enmarca en la política de reducción del Estado que impulsa el Ejecutivo y fue justificada bajo el argumento de “agilizar y modernizar” los procesos de fiscalización. Según lo dispuesto, ANMAT se encargará del control de los alimentos destinados al consumo humano, mientras que SENASA supervisará los productos de origen animal y vegetal, tanto en el mercado interno como para la exportación.
Desde distintos sectores vinculados a la salud y a la producción alimentaria expresaron preocupación por el impacto que podría tener la eliminación de la CONAL, un organismo que desde 1971 reunía a representantes de Nación y provincias para consensuar políticas alimentarias, regulaciones sanitarias y actualizaciones del Código Alimentario.
La descentralización que garantizaba la participación federal en la toma de decisiones sobre alimentos fue reemplazada por una estructura más concentrada, que deja en manos de dos entes técnicos la totalidad del sistema regulatorio. Especialistas advierten que este cambio podría afectar el equilibrio entre las necesidades sanitarias, productivas y territoriales.
A pesar de las críticas, el Gobierno ratificó la decisión y destacó que la modificación permitirá una mayor celeridad en la aprobación de productos y simplificación de trámites, en línea con el enfoque desburocratizador que viene promoviendo en otras áreas.
Esta transformación del sistema de fiscalización alimentaria se da en un contexto de ajuste general y reformas profundas en múltiples organismos del Estado, que buscan redefinir las funciones públicas en materia de salud, control y regulación.
