El proyecto enviado ayer al Congreso obliga a aclarar en servicios o prestaciones de libre acceso que son pagadas con el dinero de los contribuyentes.

El Gobierno nacional mandó al Congreso la tan promocionada Ley Ómnibus, que entre sus más de 600 artículos incorpora cuestiones de alto impacto para la vida cotidiana. Sin embargo, al entrar en la profundidad de su articulado, también incluye una serie de cuestiones meramente simbólicas, como el hecho de que a partir de ahora no se podrá usar la palabra “gratuito” para catalogar un servicio.

El megaproyecto que se tratará en sesiones extraordinarias incluye 351 páginas y más de 664 artículos que buscan abarcar una transformación estructural de todos los temas que competen al Estado -penales, tributarios, económicos, educativos, sociales- en un solo texto a tratar durante el verano. Y no solo eso: encabeza la ley ómnibus de La Libertad Avanza una declaración de emergencia que pretende que le deleguen facultades legislativas al Ejecutivo por dos años. Una corona para Milei en nombre de la libertad de mercado.

Los puntos principales del proyecto de ley enviado por el Gobierno al Parlamento:

-Se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.

-Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años.

-Delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo en las materias a las que se declaró en emergencia.

-Se ratifica el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica 70/23 que firmó el presidente Javier Milei la semana pasada.

-Se pide autorización para privatizar 41 empresas públicas entre las que figura Banco Nación, YPF, Aysa, Aerolíneas Argentinas y la agencia de noticias Télam.

-Se suspende la fórmula previsional utilizada para actualizar los haberes de los jubilados y se establece que el Gobierno dará aumentos por decreto.

-Se establecen sanciones de prisión para los organizadores de protestas que corten calles o rutas o obstaculicen el espacio público.

-También tendrán penas quienes generen disturbios y daños durante las manifestaciones, siempre que no estuvieren previstos en otros tipos penales.

-Se concentra en un solo régimen el sistema nacional de contrataciones públicas.

-El proyecto establece criterios para la transparencia en las concesiones, los mecanismos de monitoreo, arbitraje y extinción de las concesiones.

-Los empleados públicos que realicen protestas sufrirán el descuento en sus salarios.

-Se prevén los instrumentos legales para llevar adelante la reorganización de la Administración Pública nacional y se habilita a eliminar reparticiones cuya finalidad replica la de otros organismos o incluso de la justicia, como el INADI.

-Se dispone el pase a disponibilidad de los empleados estatales cuyos cargos sean eliminados por la reestructuración del Estado y se les pagará el sueldo durante 12 meses hasta su desvinculación.

-Se propone la eliminación de las Paso y las primarias las tendrá que hacer cada partido político.

-Se propone la eliminación de las listas sábanas estableciendo un sistema de elección de diputados nacionales con base en circunscripciones uninominales.

-Se propone que, para el financiamiento de las campañas, los partidos políticos deberán crear una cuenta corriente única por distrito en donde se deberán depositar los fondos del partido político.

-Se establece un sistema de regularización de las deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social vencidas al 30 de noviembre de 2023.

-Se propone un blanqueo de capitales donde se podrá realizar sin costo para los primeros 100 dólares y sobre habrá un alícuota sobre el excedente según cual fuera la fecha de exteriorización.

-Se reforma el impuesto de bienes personales y se establece una unificación de la cuota cualquiera fuera la ubicación de los bienes.

-Se establece las alícuotas para las retenciones agropecuarias y allí se impone un 33 ciento sobre los derechos de exportación a la soja.

-Se establece el libre comercio internacional de hidrocarburos y se prohíbe la intervención o la fijación de precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las etapas de producción

-Se modifica la ley de Biocombustibles para permitir libre comercio de biocombustibles, en términos de precio y aprovisionamiento.

-Se unifican los Entes Reguladores del Gas y la Electricidad para el control de las empresas concesionarias y licenciatarias de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural.

-El proyecto establece transferir en enero del 2025 el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-Se transfiere a la Ciudad de Buenos Aires la justicia con competencia local, que hoy sigue bajo la justicia nacional.

-Se propone que el Poder Judicial y el Poder Legislativo tengan también una Oficina Anticorrupción, que actualmente alcanza sólo al Poder Ejecutivo.

-Se establece que los alumnos de la secundaria deberán rendir un examen integrador al finalizar la educación secundaria.

-Se instaura un proceso de evaluación continua de los docentes y se eliminan las restricciones a la educación a distancia.

-Se prohíbe el ingreso de personas sin secundario completo en la educación superior.

-Se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes.

-Se introduce el concepto de divorcio simplificado para aquellos que forman parte del acuerdo entre las partes al admitir la simple inscripción en el registro civil.

-Se limita el sistema de subsidios al 50 por ciento de la producción en el INCAA ya que se establece que el beneficiario debe tener financiamiento equivalente al solicitado al Instituto.