La Ley 27.610 sigue vigente, pero organizaciones feministas advierten que su aplicación se debilita por la falta de insumos, la fragmentación provincial y un discurso oficial cada vez más hostil hacia el derecho a decidir.
A cinco años de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el aborto legal continúa siendo un derecho formalmente garantizado en Argentina, aunque con crecientes obstáculos en su implementación.
Desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, el Estado nacional dejó de adquirir y distribuir medicamentos clave como misoprostol, mifepristona y los llamados “combipack” para las provincias. Organizaciones como Amnistía Internacional y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) confirmaron, vía pedidos de acceso a la información pública, que no hubo nuevos despachos de insumos durante 2024.
Según relevamientos, en 2023 se distribuyeron más de 160 mil tratamientos combinados, mientras que en 2024 no se registró provisión alguna desde Nación, trasladando la responsabilidad a las jurisdicciones provinciales.
La erosión sin derogación
La ley no fue modificada, pero organizaciones feministas sostienen que se debilita a través de decisiones administrativas, omisiones y cambios en políticas sanitarias. También denuncian el retorno de prácticas como el legrado en casos donde podría aplicarse aborto medicamentoso, así como barreras burocráticas, falta de información y objeciones de conciencia utilizadas como obstáculo sistemático.
En paralelo, el Ministerio de Salud eliminó inicialmente contenidos vinculados a la IVE y protocolos de atención en el examen nacional de residencias médicas, aunque luego revirtió parcialmente esa medida. Sin embargo, anunció que desde 2026 cada provincia definirá sus propios criterios de evaluación, profundizando la descentralización.
Un mapa desigual
La implementación del derecho al aborto muestra diferencias marcadas según la jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires, la gestión de Jorge Macri presentó un protocolo de “acompañamiento al embarazo vulnerable”, que habilita la participación de organizaciones religiosas en hospitales públicos. Para sectores críticos, esto introduce actores con posiciones contrarias a la IVE en espacios de salud estatal.
En provincias como San Luis, organizaciones locales denuncian circuitos de dilación y derivaciones que terminan en prácticas más invasivas, además de exigencias médicas no contempladas por la normativa vigente.
Datos recientes muestran que más de la mitad de las personas consultantes desconocen que el aborto es legal hasta la semana 14 sin necesidad de invocar causales. Además, se registran casos de maltrato, falta de información sobre anticoncepción posterior y carencias de insumos.
Disputa política y cultural
Mientras se reducen compras de medicamentos, el Gobierno nacional refuerza programas como el Plan Mil Días (Ley 27.611), orientado al acompañamiento de embarazos y primeros años de vida. Desde sectores oficialistas se plantea esta política como alternativa frente a la IVE.
El debate se inscribe en lo que el propio oficialismo denomina “batalla cultural”. Voces cercanas al Gobierno celebraron públicamente la decisión de no adquirir fármacos abortivos y remarcaron la oposición ideológica al aborto.
A cinco años de su aprobación, la ley permanece vigente, pero su aplicación depende cada vez más del compromiso de provincias, equipos de salud y redes de acompañamiento. El derecho existe en el papel; su acceso efectivo, en muchos casos, continúa siendo motivo de disputa.
