El nuevo sistema permitirá el control vehicular en todo el país mediante cámaras lectoras de patentes. Las provincias podrán adherirse voluntariamente.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este miércoles el Anillo Digital Federal, una iniciativa que busca fortalecer la prevención y detección del robo de vehículos en todo el país. El sistema se basa en una red de cámaras lectoras de patentes que estarán interconectadas a una base de datos nacional para permitir una respuesta inmediata ante delitos vinculados al parque automotor.

La propuesta apunta a expandir un modelo que ya funciona en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde permitió mejorar la eficiencia en el rastreo y recuperación de vehículos robados. El plan contempla que cada provincia pueda sumarse de manera voluntaria, aportando su propia infraestructura tecnológica o integrándose a través de convenios con el Gobierno nacional.

Bullrich destacó que el nuevo anillo permitirá “cerrar el paso a los delincuentes” y fortalecer la cooperación entre fuerzas de seguridad de distintas jurisdicciones. Además, aseguró que la herramienta estará conectada con alertas judiciales y bases de datos del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (DNRPA), para facilitar la trazabilidad de vehículos con pedido de secuestro o documentación apócrifa.

La plataforma digital tendrá capacidad para procesar en tiempo real grandes volúmenes de información, lo que permitirá generar alertas automáticas ante patentes sospechosas. También se espera que el sistema ayude en investigaciones por otros delitos, como secuestros o transporte de estupefacientes, al registrar movimientos vehiculares en rutas clave.

Desde el Ministerio explicaron que el Anillo Digital Federal no requiere nuevas leyes para su funcionamiento, aunque algunas provincias deberán adecuar normativas locales en materia de videovigilancia y protección de datos. Las primeras en sumarse serían Córdoba, Mendoza y Santa Fe, donde ya existen experiencias previas en control automatizado de tránsito.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca dar respuesta a una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, en un contexto donde los delitos contra la propiedad mantienen niveles elevados en varias regiones del país. El desafío ahora será lograr una implementación federal efectiva, que combine tecnología, coordinación interjurisdiccional y respeto por los derechos individuales.