La administración de Javier Milei oficializó el inicio del proceso para privatizar Energía Argentina S.A., en el marco de su plan de reformas estructurales.
En el marco de su política de desregulación del Estado, el Gobierno nacional dio un nuevo paso hacia la privatización de empresas públicas. Esta vez fue el turno de Energía Argentina S.A. (Enarsa), cuya venta parcial fue oficializada como parte de una serie de medidas que incluyen la transferencia de activos estatales al sector privado.
La privatización de Enarsa es la tercera anunciada en una misma semana, tras las decisiones de avanzar con Intercargo y AySA. El objetivo central, según explicaron desde el Ejecutivo, es reducir el déficit fiscal, atraer inversiones privadas y mejorar la eficiencia de los servicios energéticos mediante una mayor competencia.
Energía Argentina, creada en 2004, tiene un rol clave en la infraestructura energética del país, siendo responsable de obras estratégicas como el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Desde el Gobierno aseguran que el proceso de privatización contemplará salvaguardas para garantizar la continuidad operativa y la seguridad del suministro.
La iniciativa generó reacciones divididas. Mientras sectores empresariales ven con buenos ojos la apertura al capital privado, desde la oposición y sindicatos energéticos advierten sobre el riesgo de pérdida de soberanía y control estatal sobre áreas consideradas estratégicas para el desarrollo nacional.
Según trascendió, el esquema planteado contempla una venta parcial de acciones, manteniendo una participación residual del Estado. Las próximas semanas serán clave para definir el interés inversor y el alcance real del traspaso de funciones.
El avance sobre Enarsa se enmarca en una política más amplia del Gobierno de Javier Milei, que busca redefinir el rol del Estado en la economía. Con este nuevo paso, el oficialismo continúa su hoja de ruta privatizadora, aún en medio de críticas y cuestionamientos sobre su impacto social y económico.
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