La medida se enmarca en el plan de reestructuración estatal y afecta a organismos clave del agro y la vitivinicultura.

El Gobierno nacional oficializó la puesta a disposición de 367 empleados pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La decisión, que generó sorpresa y rechazo en distintos sectores, forma parte del proceso de reorganización del Estado impulsado por el Poder Ejecutivo.

La medida fue dispuesta a través de resoluciones administrativas y se conoció días después de que el Senado votara en contra de los decretos de necesidad y urgencia que habilitaban estas reestructuraciones. Pese a ese revés legislativo, el Gobierno avanzó en el plan, argumentando la necesidad de “optimizar recursos y mejorar la eficiencia”.

En el caso del INTA, se trata de un organismo central para el desarrollo de tecnologías aplicadas al campo, mientras que el INASE cumple un rol clave en la regulación de semillas y el INV en la fiscalización de la producción vitivinícola. Por eso, la decisión encendió alarmas en sectores productivos que dependen de su funcionamiento.

Gremios y asociaciones de trabajadores repudiaron la medida y advirtieron que podría afectar el desarrollo de proyectos de innovación y el control de calidad en áreas estratégicas para la economía nacional. También señalaron que se trata de una acción que genera incertidumbre en cientos de familias y debilita la capacidad del Estado de acompañar al sector agroindustrial.

Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la disposición como un paso necesario en la reducción del gasto público y aseguraron que los organismos continuarán funcionando con normalidad. Sin embargo, el debate sobre el impacto real de la medida sigue abierto, en un contexto político atravesado por tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso.